La violencia en Colombia deja más de 1.000 desplazados en menos de cuatro días

Los incidentes se han registrado principalmente en las zonas de Bajo Cauca, en el sur del departamento de Córdoba, y en la frontera entre los departamentos de Boyacá y Casanare.

Sólo entre el 17 y el 20 de enero de 2017, más de 1.000 personas se vieron obligadas a desplazarse en el país debido a cinco hechos violentos ocurridos en diferentes zonas del territorio nacional.

En este sentido, el Defensor del Pueblo ha instado a las autoridades a tomar medidas de atención integral a la población desplazada y de protección de las personas que están en riesgo de sufrir desplazamientos en las zonas más afectadas por el incremento de la violencia.

El primer foco de violencia se registró el 17 de enero en el consejo comunitario de La Voz de los Negros, en el municipio de Magüi Payán (Nariño), por una serie de enfrentamientos entre miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que provocó el desplazamiento forzoso de 45 familias, cerca de 172 personas.

"Un segundo caso se produjo tras el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito de San José de Uré (Córdoba) el 18 de enero. Debido a este hecho 75 familias, 375 personas, tuvieron que salir de la zona por las amenazas que recibieron de miembros del grupo denominado 'Caparrapos' y por los inminentes enfrentamientos entre estos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)", ha explicado el organismo colombiano.

A estas cifras se suma el desplazamiento de 149 familias, casi 400 personas, del Pueblo Zenú y comunidades campesinas, de las veredas de Piamonte, Ponciano Bajo, Ponciano Alto, Tamaná, Alto del Tigre, El Tigre, Anará, San Francisco y Campanario, así como del municipio de Cáceres (Antioquia). Otras 25 familias, 125 personas, se habrían desplazado de la vereda de Puerto Colombia, en el municipio de Caucasia.

En este caso, el desplazamiento se produjo debido a la presencia de hombres armados en la zona. El Defensor del Pueblo ha advertido de que 350 familias se encuentran en riesgo de desplazamiento en la zona.