Un tribunal de Gaza condena a muerte a tres personas imputadas por asesinato y robo

Las condenas han sido criticadas por las organizaciones no gubernamentales Centro Palestino por los Derechos Humanos (PCHR) y Al Mezan, que han denunciado que los acusados no recibieron un juicio justo.

Al Mezan ha reclamado la abolición de la pena de muerte, al tiempo que el PCHR ha cifrado en 30 las penas capitales aprobadas en la Franja de Gaza en lo que va de año.

La legislación palestina contempla la pena de muerte por colaboracionismo con Israel, si bien las órdenes de ejecución han de ser aprobadas por el presidente.

Sin embargo, Hamás --declarado como grupo terrorista por Israel y Estados Unidos-- no reconoce la autoridad de Mahmud Abbas, cuyo mandato terminó en 2009, sin que se hayan celebrado elecciones desde entonces.

La separación administrativa y territorial de Cisjordania y la Franja de Gaza se produjo en 2007 tras la victoria de Hamás en las elecciones legislativas de 2006, que no fue reconocida por la comunidad internacional.

Esto abocó a Al Fatá y a Hamás a unos enfrentamientos que finalizaron con la separación territorial y administrativa de los territorios palestinos. Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente de la Franja.

Está previsto que el gobierno de unidad palestino celebre su Consejo de Ministros de esta semana en la Franja, en un simbólico gesto con el que la Administración presidida por Abbas confía en seguir avanzando en el proceso de reconciliación entre Al Fatá y Hamás.

De esta forma, la Autoridad Palestina asumirá formalmente el control administrativo de Gaza después de que Hamás anunciase el 17 de septiembre la disolución de su Gobierno y su deseo de volver a negociar la reconciliación con Al Fatá. El objetivo último de las partes sería celebrar las primeras elecciones generales desde 2006.

Hamás, no obstante, ha pedido también gestos al Gobierno de Abbas y le ha instado en estos últimos días a levantar todos los castigos impuestos, entre los que se encuentra una reducción de los pagos a Israel por el suministro eléctrico y una rebaja del sueldo de los funcionarios bajo su control.