La patronal nicaragüense condiciona la reanudación del diálogo al fin de la represión

"Expresamos nuestro total respaldo a todos los jóvenes y a la población en general que se ha movilizado y manifestado pacíficamente en defensa de sus principios y derechos", ha explciado COSEP en un comunicado oficial.

En un principio las protestas surgieron en contestación a la reforma de la Seguridad Social que eleva las cotizaciones e impone por primera vez retenciones a las pensiones, pero se han convertido en una movilización contra el Gobierno. Por eso, COSEP considera que "la crisis va más allá del descontento de reformas del Sistema de Pensiones" y por ello plantea urgentemente al Gobierno satisfacer sus tres condiciones:

En primer lugar piden "cesar de inmediato la represión" y garantizar el derecho a la movilización pacífica; "liberar de forma inmediata a los ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a expresarse libre y pacíficamente" y por último "restablecer y garantizar la irrestricta libertad de prensa y expresión".

La patronal advierte de que "no podemos ir a un diálogo si no se cumplen estas mínimas condiciones para establecerlo" y solicita que se adopte para las negociaciones "una agenda amplia" con los temas de interés nacional y con la participación de representantes de jóvenes, sectores académicos y la conferencia episcopal.

"Urgimos al gobierno a crear estas condiciones en forma inmediata para evitar más derramamiento de sangre", concluye el comunicado de la patronal nicaragüense.

En su discurso a la nación del domingo, el presidente Daniel Ortega ofreció retomar el diálogo sobre la reforma del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La comparecencia fue en respuesta a la convocatoria por parte de COSEP de una marcha nacional para el lunes a la 15.00 horas en Managua.

"Si en el diálogo se encuentra una mejor forma, pues usaremos esa mejor forma, lo ideal es usar una mejor forma" para el INSS, prometió Ortega. Además, destacó que la reforma entra en vigor el 1 de julio, por lo que hay tiempo para negociar cambios.

El origen de la protesta es una reforma del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) aprobada el pasado 16 de abril por la cual la aportación salarial de los trabajadores a la seguridad social pasará del actual 6,25 a un 7 por ciento; la de los empresarios mediante sus beneficios, de un 19 a un 22,5 por ciento; y los jubilados tendrán que empezar a contribuir con una retención en sus pensiones del 5 por ciento.