La oposición convoca una marcha hacia la sede del Gobierno venezolano para el 3 de noviembre

"El día 3 de noviembre vamos a Miraflores pacíficamente a notificarle a Nicolás Maduro el veredicto popular", ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, el líder opositor Henry Ramos Allup, desde la autopista Francisco Fajardo, donde ha confluido la "Toma de Venezuela" en Caracas.

Este "veredicto popular" al que se refiere Ramos Allup es la declaración de la responsabilidad política de Maduro por la crisis económica y social que sufre Venezuela, un proceso que el Parlamento --controlado por la MUD-- decidió iniciar el martes.

En el caso de que el Parlamento declare responsable político a Maduro se abrirá la posibilidad de que sea juzgado, bien por la vía penal, bien por la vía administrativa, en un proceso judicial ordinario porque en Venezuela no existe la figura jurídica del 'impeachment'.

Ramos Allup ha indicado que "mañana mismo se sesionará sobre la responsabilidad política de Maduro". "Mañana todo el pueblo venezolano desde las 10.30 (hora local) en la Asamblea Nacional", ha invitado, por su parte, Lilian Tintori, mujer del líder opositor encarcelado Leopoldo López.

El ex candidato presidencial de la MUD, Henrique Capriles, ha respaldado la iniciativa de Ramos Allup. "Señores del Gobierno, o vuelven al hilo constitucional o iremos a Miraflores el 3 de noviembre", ha dicho desde la Francisco Fajardo.

Capriles, gobernador del estado de Miranda, abogaba por que la "Toma de Venezuela" celebrada este miércoles desembocara en Miraflores, pero finalmente se ha descartado. "No vamos hoy porque tenemos que darle la oportunidad a los que viven en el resto del país", ha justificado.

El dirigente de Primero Justicia ha recalcado que esta nueva movilización es en realidad un ultimátum para el Gobierno. "Les estamos dando un plazo", ha subrayado, aunque no ha explicado qué sucederá tras el 3 de noviembre.

HUELGA GENERAL

Además, el secretario general de la MUD, Jesús 'Chúo' Torrealba, ha convocado una huelga general para este viernes para protestar por la suspensión del referéndum con el que la coalición opositora pretendía revocar el mandato presidencial de Maduro antes de que expire oficialmente, en 2019.

La semana pasada tribunales venezolanos anularon en cinco estados la recogida de firmas llevada a cabo el pasado mes de abril para activar el referéndum revocatorio, a pesar de que fue validada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en agosto.

En consecuencia con estas decisiones judiciales, el CNE decidió suspender la segunda fase de recogida de firmas, prevista para el 26, 27 y 28 de octubre, que ha sido pospuesta de forma indefinida, lo que ha desatado la ira de la MUD.

La oposición pretende celebrar elecciones anticipadas, pero para ello el CNE debe convocar el referéndum revocatorio antes del 10 de enero de 2017, cuando Maduro superará el ecuador de su mandato. De no ser así, el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, gobernará hasta 2019.

CRISIS VENEZOLANA

La crisis política en Venezuela estalló tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, que dieron lugar a una cohabitación inédita en la nación caribeña, con la oposición en la Asamblea Nacional y el 'chavismo' en el Palacio de Miraflores.

La coalición opositora puso en marcha varias leyes desde el Parlamento --que controla por primera vez en 16 años--, pero fueron vetadas por Maduro, incluida la Ley de Amnistía con la que pretendía liberar al líder opositor Leopoldo López.

Por ello, la MUD elaboró una 'hoja de ruta' con el objetivo de desahuciar a Maduro de Miraflores. El principal punto de este plan es el referéndum revocatorio, si bien incluye otras medidas como la reforma constitucional.

A pesar de estas fricciones, la Iglesia Católica anunció el lunes que Gobierno y oposición habían llegado a un acuerdo para iniciar un diálogo político que en un principio estaba previsto para el 30 de octubre en Isla Margarita, aunque ha tenido que aplazarse 'sine die'.