Las operaciones en el sureste de Turquía dejan 2.000 muertos desde julio de 2015

Unas 2.000 personas han muerto como consecuencia de las operaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad turcas en el sureste del país entre julio de 2015 y diciembre de 2016, según ha denunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un informe hecho público este viernes.

El balance de víctimas mortales se desglosa en unos 800 agentes de las fuerzas de seguridad muertos en las operaciones y unos 1.200 residentes abatidos, de los cuales un número no determinado podrían haber estado implicados en acciones "violentas o no violentas" contra el Gobierno.

En su documento, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha denunciado la "destrucción causada" por las operaciones de las fuerzas de seguridad en el sureste de Turquía y ha asegurado que ha documentado "numerosos casos de uso excesivo de la fuerza; asesinatos; desapariciones forzadas; torturas; destrucción de viviendas y patrimonio cultural; incitación al odio; restricciones para el acceso a cuidados médicos, agua y alimentos; violencia contra las mujeres y varias restricciones al derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la participación política".

"Las más graves violaciones de los Derechos Humanos han ocurrido supuestamente en los periodos de toque de queda, cuando zonas residenciales completas han sido cerradas y se han restringido los movimientos varios días durante las 24 horas", ha afirmado.

MÁS DE 300.000 DESPLAZADOS

En su informe, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos pone de manifiesto que las operaciones de las fuerzas de seguridad desde julio de 2015 han afectado a más de 30 localidades y barrios y han provocado el desplazamiento de "entre 355.000 y medio millón de personas", en su mayoría de origen kurdo.

Naciones Unidas denuncia la destrucción causada por las fuerzas gubernamentales turcas en la localidad de Nusaybin, en la provincia de Mardin, "donde unos 1.786 edificios parecen haber sido destruidos o dañados", y en el distrito de Sur en la localidad de Diyarbakir, donde el Gobierno local estima que el 70 por ciento de los edificios del este del distrito "fueron sistemáticamente destruidos por los bombardeos".

"La destrucción continúa aparentemente incluso después de que las operaciones de seguridad terminaran, alcanzando un pico en el mes de agosto de 2016. Las imágenes vía satélite del antes y el después en Nusaybin y en Sur muestran barrios enteros arrasados", ha asegurado la oficina del Alto Comisionado.

LA "ENORME DESTRUCCIÓN" CAUSADA POR LAS ARMAS PESADAS

En su documento, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos se muestra "especialmente alarmado" por lo que muestran las imágenes captadas vía satélite, que ponen de manifiesto "una enorme escala de destrucción de viviendas alcanzadas por armamento pesado".

En este sentido, la ONU ha señalado que también hay constancia de importantes daños en otras localidades como Cizre, en la provincia de Sirnak, donde testigos y familiares de víctimas han denunciado la "total destrucción" de varios barrios en los que, a comienzos de 2016, hasta 189 personas permanecieron atrapadas durante semanas en sótanos "sin agua, alimentos, atención médica y energía eléctrica antes de morir por incendios provocados por los bombardeos".

"La posterior demolición de edificios destruyó pruebas y, por tanto, ha impedido la mera identificación y hallazgo de los restos mortales", señala el informe.

"Además, en lugar de abrir una investigación sobre las circunstancias en torno al supuesto uso excesivo de la fuerza, el recurso a las armas pesadas y las muertes causadas, las autoridades locales acusaron a las personas muertas de haber participado en organizaciones terroristas y adoptaron medidas represivas contra sus familiares", expone el documento elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe menciona el caso de la familia de una mujer que fue "invitada" por la Fiscalía a recoger sus restos mortales, que solo "tres pequeños trozos de carne quemada identificados por ADN". "La familia no recibió explicación alguna sobre cómo murió ni un informe forense. La hermana de la víctima, que ha pedido que se persiga a los responsables de su muerte y que intentó abrir un proceso legal, fue acusada de delitos de terrorismo", expone.

El informe de Naciones Unidas también recoge información del Gobierno turco que apunta a que los milicianos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) llevaron a cabo "violentos ataques causaron muertos y heridos entre las fuerzas de seguridad y otros individuos". Según el Gobierno de Ankara, el PKK también ha estado implicado en "secuestros" de personas, incluidos niños y construcción de trincheras y barricadas y que ha impedido que los servicios médicos entregaran material.

EL GOBIERNO TURCO NO PERMITE EL ACCESO DE LA ONU AL SURESTE

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha contado que ha estado intentando acceder a las zonas afectadas por las operaciones y la violencia en el sureste de Turquía durante casi un año para investigar "de forma independiente" las "acusaciones sobre graves violaciones de los Derechos Humanos" y que no se le ha permitido.

El informe, por tanto, se ha realizado basándose en el testimonio de fuentes "confidenciales" y "públicas", imágenes satelitales y entrevistas para recopilar información sobre el impacto de las operaciones de las fuerzas de seguridad en la zona.

Tras señalar que tiene "documentados" los testimonios sobre casos de "torturas", "desapariciones forzadas", "incitación al odio", "impedimentos al acceso a atención médica, alimentos, agua y víveres" y violencia contra las mujeres, el informe de la ONU expresa su temor por las "políticas de expropiación" puestas en marcha tras las operaciones de seguridad y cita como ejemplo la decisión adoptada por el Consejo de Ministros turco en 2016 para expropiar "hasta el 100 por cien" de los "lotes de terreno" en Sur.

En este sentido, ha asegurado que las medidas adoptadas por el Gobierno tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016, incluido el despido de más de 100.000 personas en la administración pública y el sector privado también "ha afectado profundamente" a la situación de los Derechos Humanos en el sureste de Turquía.

"El empleo de la legislación antiterrorista para retirar a los cargos de origen kurdo elegidos democráticamente, el grave acoso a los periodistas independientes, el cierre de medios independientes kurdos y las asociaciones de ciudadanos y la suspensión masiva de jueces y fiscales también han debilitado gravemente los controles y equilibrios y la protección en materia de Derechos Humanos", denuncia Naciones Unidas.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid al Hussein, ha admitido que Turquía afronta "desafíos complicados" pero ha subrayado que el deterioro de la situación de los Derechos Humanos causa alarma y "solo servirá para aumentar las tensiones y generar inestabilidad".

"Estoy especialmente preocupado por las denuncias de que no se han realizado investigaciones sobre cientos de supuestas ejecuciones ilegales, incluidas de mujeres y niños, en un periodo de trece muertos desde julio de 2015 hasta agosto de 2016. Parece que ni un solo sospechoso ha sido capturado y ni un solo individuo ha sido procesado", ha afirmado Zeid.

El Alto Comisionado ha criticado al Gobierno turco por no haber permitido al personal de Naciones Unidas acceder al sureste de Turquía y, al mismo tiempo, poner en duda "la veracidad" de las acusaciones que contiene el informe. "Pero la gravedad de las acusaciones, el nivel de destrucción y el desplazamiento de más de 350.000 personas implican que sea urgente y esencial desarrollar una investigación independiente", ha concluido.