El abogado del expresidente Alan García asegura que la denuncia por el caso Odebrecht responde a "presiones"

En rueda de prensa, la fiscal responsable del caso, Katherine Ampuero, ha explicado que la denuncia, relacionada con la ejecución del contrato de una línea del Metro de Lima, incluye también al exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo --que ejerció durante su segundo mandato-- y al exdirector de la Autoridad del Metro de la capital, Oswaldo Plasencia.

En declaraciones a RPP, Vélez ha asegurado que "no está probado" que el exmandatario recibiera sobornos. "Mi sorpresa viene cuando la procuradora Ampuero dice una cosa que no es cierta, porque no hay indicios", ha señalado.

"Parece que la procuradora está siendo presionada por algunos grupos políticos que odian a Alan García y que quieren verlo preso", ha asegurado.

Asimismo, ha insistido en que quien debe declarar, "no como investigado sino como testigo", es Cornejo, porque era el "responsable del sector".

Por último, ha asegurado que esta denuncia fracasará "porque se basa en la mentira". "Estamos totalmente tranquilos y sabemos que vamos a derrotar a esta procuradora, que parece tener un afán de protagonismo y que, además, demuestra poca capacidad para analizar los hechos", ha criticado.

El propio García negó, después de conocer la denuncia, estar implicado en cualquier caso de soborno. "A mis compañeros y amigos: que investiguen lo que quieran. Así quedará claro que otros presidentes cobraron pero Alan García no", ha señalado el mandatario a través de su cuenta oficial de la red social Twitter. Asimismo, ha insistido en su disposición "a toda investigación" y a "concurrir a cualquier citación" a la que sea llamado.

Según ha informado la agencia oficial de noticias peruana, Andina, Ampuero ha pedido al fiscal general que se abra una investigación contra el presidente, Pedro Pablo Kuczysnki, por una serie de operaciones sospechosas con la filial de inversiones de Odebrecht Perú a una empresa a la que estaría implicado el mandatario.

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.