La explotación laboral de inmigrantes supera a la sexual en muchos países, según el Consejo de Europa

La explotación laboral se ha convertido en la principal manera de abusar de los inmigrantes en países como Bélgica, Chipre, Georgia, Portugal, Serbia y Reino Unido, según GRETA. Este delito está al alza en todo el continente, según un comunicado distribuido por el organismo: todos los países que han sido evaluados por GRETA en más de una ocasión muestran que la explotación laboral ha aumentado en los últimos años.

Este estudio muestra "que cada vez hay más y más personas están siendo víctimas de la trata y están siendo obligados a trabajar en Europa en condiciones horribles", según la presidenta de GRETA, Siobhán Mullally. Según el estudio, las cifras que manejan los gobiernos suelen subestimar el peso real del tráfico de personas y las autoridades de los distintos países estudiados han conseguido encarcelar a pocos culpables.

Por ejemplo, en Moldavia, el número de víctimas identificadas de la explotación de inmigrantes ilegales ascendió de un 29 por ciento a 2011 a un 44 por ciento a 2015.

Las víctimas suelen ser hombres, aunque también se han visto afectados mujeres y niños. Según GRETA, los hombres suelen sufrir abusos en industrias como la agricultura, la construcción y la pesca, mientras que las mujeres suelen padecer estos tratos en trabajos domésticos o de cuidado, donde pueden acabar siendo víctimas tanto de explotación laboral como sexual. Habitualmente, las redes criminales obligan a los niños con los que trafican para explotarlos laboralmente a mendigar o a cometer actividades delictivas para ellos.

"Las víctimas se muestran habitualmente reacias a denunciar, ya que temen ser deportados o las represalias de las redes criminales de tráfico", ha añadido Mullally. Las autoridades "persiguen de manera muy poco habitual a los responsables", ha añadido la presidenta de GRETA.

"Algunos países han adoptado medidas importantes en este sentido, pero muchos otros necesitan mejorar sus políticas y sus prácticas", ha concluido Mullally, instando a los distintos ejecutivos europeos a trabajar con ONG, sindicatos y el sector privado para acabar con este delito.