Las autoridades de Arabia Saudí han ejecutado a 48 personas en lo que va de año, según HRW

"Ya es suficientemente malo que Arabia Saudí ejecute a tanta gente, pero es que muchos no han cometido crímenes violentos", ha lamentado la directora de HRW para Oriente Próximo, Sara Leah Whitson.

"Cualquier plan para limitar el número de ejecuciones por asuntos de drogas debe incluir mejoras de un sistema de justicia que no genera juicios justos", ha subrayado, en referencia a las últimas declaraciones en este sentido del príncipe heredero saudí, Mohamad bin Salmán.

Bin Salmán afirmó en una entrevista concedida el 5 de abril a la revista 'Time' que las autoridades tienen un plan para reducir el número de ejecuciones, si bien este no afectará a las personas condenadas por asesinato.

Las autoridades saudíes han llevado a cabo cerca de 600 ejecuciones desde principios de 2014, más de 200 de ellas por casos de drogas. La mayoría de las demás fueron por asesinato, si bien hubo otras por violación, incesto, terrorismo y "brujería".

Las condenas a muerte por asesinato están fundamentadas principalmente en el concepto de la 'sharia' --ley islámica'-- de la 'qisas', u 'ojo por ojo', mientras que en los casos de drogas queda a discreción del juez.

HRW ha recalcado que ha documentado "numerosos casos" en los que los tribunales del país han sentenciado a los acusados a muerte tras juicios injustos, entre ellos uno en diciembre de 2014 que duró cerca de cinco minutos y en el que el imputado no contó con abogado.

Así, ha explicado que cuenta con pruebas sobre violaciones del debido proceso en el sistema de justicia criminal que "hacen difícil que un acusado reciba un juicio justo incluso en los casos de pena capital".

Estos problemas son aún peores para los extranjeros que no hablan árabe ya que, al no contar con abogado, hacen frente a "obstáculos enormes" a la hora de entender los procedimientos de los tribunales.

La Death Penalty Worldwide Database muestra que Arabia Saudí tiene una de las tasas de ejecuciones más alta del mundo y que aplica la pena capital a diversos delitos que no constituyen crímenes graves, entre ellos el adulterio o la apostasía.