El acuerdo sobre las 'mujeres de confort' no satisfizo las necesidades de las víctimas, según un comité

El acuerdo entre ambos países resolvía "de forma irreversible" el asunto, por el cual Japón se comprometió a pedir perdón y crear un fondo para compensar a las víctimas y sus familias dotado con 1.000 millones de yenes (unos ocho millones de euros).

Sin embargo, Moon Jae In, que llegó al poder el pasado mayo, ha amenazado con renegociarlo por considerar que la compensación es insuficiente. Además, ha reclamado al primer ministro japonés, Shinzo Abe, que sea él quien se disculpe públicamente en nombre de Japón.

El comité ha publicado este miércoles sus conclusiones tras meses de investigación en torno a las negociaciones del acuerdo, agregando que el Ejecutivo de la apartada Park Geun Hye mantuvo parte del mismo en secreto para evitar críticas por varias concesiones hechas en secreto a Tokio.

En sus conclusiones, ha subrayado que el anterior gobierno no hizo los esfuerzos suficientes para escuchar a las víctimas antes de cerrar el acuerdo con las autoridades japonesas, resaltando que el asunto sigue sin resolverse.

De esta forma, ha pedido al Gobierno de Moon que adopte una postura a largo plazo para resolver el asunto, subrayando que las negociaciones de "toma y daca" no pueden ser parte de una solución definitiva.

"Una postura centrada en las víctimas, que ha sido la norma cuando se trata de los Derechos Humanos de las mujeres en tiempos de guerra, no fue reflejada de forma suficiente en el acuerdo alcanzado a través de negociaciones de 'toma y daca', como si fuera parte de una agenda diplomática ordinaria", ha explicado.

"El acuerdo fue finalizado fundamentalmente a raíz de la visión del Gobierno, sin tener en cuenta de forma adecuada las opiniones de las víctimas en el proceso de negociación", ha reiterado, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Asimismo, ha desvelado que partes del acuerdo que no fueron hechas públicas revelan que Japón pidió a Corea del Norte que no apoyara a organizaciones sociales críticas con el acuerdo, pidiendo además la retirada de una estatua de una niña colocada frente a la Embajada japonesa en Seúl en representación del sufrimiento de las esclavas sexuales durante el periodo colonial.

En respuesta, las autoridades surcoreanas prometieron llevar a cabo esfuerzos de "persuasión" contra dichas organizaciones y resolver "de forma apropiada" la disputa en torno a la estatua, erigida por organizaciones sociales.

Además, Seúl se plegó a la reclamación de Tokio para que no se usara el término 'esclavas sexuales', aceptando que el término oficial sea 'mujeres de confort'.

El comité ha puntualizado además que el proceso de negociaciones estuvo encabezado por la Presidencia, recalcando que el Ministerio de Exteriores, que debía estar a cargo, no cumplió con su tarea, quedando sus opiniones sin representación suficiente en el acuerdo.

El comité, integrado por funcionarios y expertos en Historia y relaciones con Japón del sector privado, empezó sus trabajos dos meses después de la llegada a la Presidencia de Moon con la tarea de revisar el controvertido acuerdo.

El informe final del organismo será presentado al Gobierno, que será quien tome la última decisión sobre el asunto, sin que haya un calendario establecido hasta el momento.

El martes, la ministra de Exteriores surcoreana, Kang Kyung Wha, aseguró que escuchará la opinión de las víctimas y las organizaciones civiles antes de tomas una decisión.