Zuma ordena crear una comisión para investigar la presunta corrupción y tráfico de influencias en su Gobierno

En su comunicado, ha subrayado que la decisión va en línea con el fallo judicial de diciembre ordenando la creación de la comisión en un plazo de 30 días, a recomendación de la Defensoría del Pueblo.

"El tribunal ordenó que, entre otras cosas, las acciones propuestas por la Defensoría del Pueblo son vinculantes y que el presidente está obligado a nombrar una comisión de investigación", ha recordado.

"Estoy preocupado por el hecho de que este asunto haya ocupado la mente pública desde hace tiempo, y merece atención urgente", ha manifestado el mandatario sudafricano, resaltando que "las acusaciones del que el Estado ha sido arrebatado a sus verdaderos propietarios, el pueblo de Sudáfrica, son de gran importancia".

Asimismo, ha desvelado que el presidente de la citada comisión de investigación será el 'número dos' del aparato judicial del país, Raymond Zondo.

El anuncio de Zuma llega después de que él mismo recurriera el derecho del Defensor del Pueblo --la agencia anticorrupción del país-- a pedir una investigación judicial y también la decisión del Tribunal Supremo de nombrar a un juez para liderar dicha comisión.

El informe de Madonsela acusó al presidente de mantener unas relaciones poco adecuadas con la familia Gupta. Los críticos han denunciado en numerosas ocasiones el peso de los Gupta --una acaudalada familia de empresarios de origen indio con intereses en la minería y los medios de comunicación-- en el Gobierno.

El documento, de 355 páginas y titulado 'La Captura del Estado', desvela numerosas situaciones en las que Zuma y miembros de su Ejecutivo actuaron de forma cuestionable, con frecuencia para beneficiar a los Gupta.

Entre los implicados estarían la ministra de Empresas Públicas, Lynne Brown; el ministro de Minas y Recursos, Mosebenzi Zwane; el exministro de Finanzas Des van Rooyen y el jefe de la junta de Eskom, Ben Ngubane

No es la primera vez que Zuma ha sido acusado de estar involucrado en casos de corrupción, si bien no ha sido condenado y siempre ha rechazado haber cometido algún delito.