Venezuela critica el examen preliminar en el TPI porque se basa en información "sesgada"

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha criticado la decisión que ha tomado este jueves el Tribunal Penal Internacional (TPI) de abrir un examen preliminar por la violencia empleada en las manifestaciones opositoras del año pasado y supuestos malos tratos a detenidos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por considerar que se basa en información "sesgada".

La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, ha anunciado la apertura de un examen preliminar sobre los hechos ocurridos en Venezuela desde abril de 2017, cuando comenzaron las protestas multitudinarias contra el Gobierno de Nicolás Maduro, por el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los uniformados los "abusos y malos tratos" que habrían sufrido los detenidos, ya que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Según ha explicado la propia Bensouda, ha decidido dar este paso tras "una revisión cuidadosa, independiente e imparcial" de comunicaciones e informes sobre "presuntos crímenes que potencialmente estarían bajo la jurisdicción" de la corte de La Haya.

Saab ha denunciado que "la información que maneja la fiscal jefe del TPI pareciera sesgada, pues no ha tenido la oportunidad de comunicarse (con las autoridades venezolanas) para saber sobre la judicialización de los hechos de violencia suscitados en el país".

El jefe del Ministerio Público ha indicado que tiene en su poder, y a disposición del TPI, "documentación que demuestra que se han atendido los casos". "Se han efectuado informes minuciosos sobre las imputaciones y acusaciones por estos hechos de violencia y estamos dispuestos a demostrar tales argumentos", ha recalcado.

Saab ha reiterado la voluntad del Estado venezolano de "castigar a quienes violen los Derechos Humanos y no permitir la impunidad". En este sentido, ha destacado que "gracias a acciones conjuntas con el Gobierno se logró que se prohibieran las armas de fuego durante las manifestaciones" opositoras de 2017.

En cualquier caso, ha recordado al TPI que "deben actuar de forma complementaria", es decir, "cuando los casos no hayan sido judicializados" en el propio país y ha incidido en que en Venezuela las autoridades judiciales sí han actuado.

RECHAZO FIRME Y CATEGÓRICO

Las autoridades venezolanas han rechazado de manera firme y categórica la apertura del examen preliminar y ha destacado que el Gobierno venezolano "es un Estado democrático y social de Derecho que otorga preeminencia a los Derechos Humanos tal y como consagra la Constitución".

"Durante los meses de abril a junio de 2017, el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana extremista y antidemocráticas con la finalidad de derrocar al Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro", ha indicado el Gobierno en un comunicado.

El texto señala que los "sucesos de violencia focalizada en menos del diez por ciento del territorio, se saldó con víctimas fatales tanto civiles como de las fuerzas del orden público" y dejó cientos de heridos e importantes daños "tanto al patrimonio venezolano como a establecimientos privados".

Las autoridades han denunciado la ausencia de una comunicación oficial proveniente de la fiscal del TPI, que ha sido sustituida por un comunicado que, en su opinión, "altera el principio del proceso" abierto por la corte.

No obstante, Caracas se ha ofrecido a colaborar "para que se diluciden los hechos mencionados en el comunicado" y tratar de demostrar que no hay motivos de peso para que el TPI intervenga. "La República Bolivariana de Venezuela desea llamar la atención a la comunidad internacional sobre lo que (...) es un claro caso de abuso de poder por parte de la Oficina Fiscal", recoge el documento.

El Gobierno venezolano ha insistido en que el "examen preliminar" es una "figura" inexistente en el Estatuto de Roma como fase o etapa de investigación. Se trata de "un proceso al estilo de la inquisición, implantado por la Fiscalía como práctica mediática, infamante y extorsiva", según destacad el comunicado.

"UNA VICTORIA"

Sin embargo, los críticos con el Palacio de Miraflores han recibido la decisión del TPI como una medida de presión que podría empujar a Maduro a adoptar decisiones a las que hasta ahora se ha resistido para mejorar la situación en la nación caribeña.

"Saludamos el inicio de un examen preliminar en el TPI sobre crímenes de lesa humanidad", ha dicho la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, que el pasado 16 de noviembre aportó "más de 1.690 pruebas que sustentan el caso" contra Maduro y su Gobierno en La Haya.

El abogado español Javier Cremades, que forma parte de la defensa internacional del líder opositor Leopoldo López, ha considerado que se trata de "una victoria para todos aquellos que están denunciando que el régimen de Maduro está cometiendo torturas, detenciones ilegales y otros atropellos de los derechos fundamentales".

Cremades ha valorado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de "un primer paso para volver a garantizar la libertad y los Derechos Humanos en Venezuela" y que, "si el procedimiento sigue adelante, podría acabar con Maduro en la cárcel, tal y como hemos visto con algunos genocidas de la guerra de los Balcanes".

"Esta medida es bienvenida por todos aquellos que aspiran al fin de la impunidad y al logro de la Justicia", ha afirmado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que se ha mostrado seguro de que "la comunidad internacional no dejará impune la farsa que pretende instalar la cúpula en el poder en Venezuela".

Almagro ha señalado, además de al TPI, a la UE, que ha inaugurado recientemente su lista de sanciones sobre Venezuela con siete altos cargos del Palacio de Miraflores. Este jueves el pleno del Parlamento Europeo ha instado a incluir a Maduro y a su cúpula militar por la represión en la nación caribeña.

En la misma línea, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Jose Miguel Vivanco, ha indicado que permitirá "intensificar la presión sobre las autoridades venezolanas para que pongan fin a las violaciones de Derechos Humanos en el país y para que los responsables de abusos sean llevados ante la Justicia".

"El Poder Judicial venezolano ha garantizado la impunidad, pero las decisiones del TPI podrían lograr que las víctimas venezolanas puedan ser oídas por un tribunal independiente", ha señalado. "Está enviando un mensaje contundente de que está siguiendo muy de cerca los aberrantes abusos del régimen de Maduro", ha apostillado.

HRW también remitió el pasado mes de noviembre al TPI su propio informe sobre Venezuela, según el cual "los abusos durante 2017 fueron parte de una práctica sistemática de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas". "Aunque esta no fue la primera vez que se castigó el disenso durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión alcanzaron niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela", afirma la ONG.