La UE ve retrasos para atajar la corrupción en Bulgaria y riesgos para la independencia judicial en Rumanía

En el caso de Bulgaria, el Ejecutivo comunitario avisa de que "la incertidumbre política" en el país "ha llevado a retrasos en la aplicación de las reformas" a principios de año y, aunque el nuevo Gobierno que tomó posesión en mayo ha retomado la iniciativa, están pendientes de ver todavía "los resultados finales" en áreas que requieren cambios normativos, especialmente en materia de lucha contra la corrupción.

"La lucha contra la corrupción ha sido identificada como el área donde menos progreso se ha hecho en Bulgaria en los últimos diez años, incluido en la aplicación de la estrategia contra la corrupción", avisa en su informe.

El Ejecutivo comunitario ve necesario que Bulgaria "establezca una trayectoria de investigación, detección y persecución eficaz de la corrupción" y garantizar "una mayor eficacia" en las investigaciones y persecución judicial de la corrupción.

"Los resultados pueden ser mejores en casos de corrupción de alto nivel", han admitido fuentes comunitarias, que sí ponen en valor en cambio "algún avancen" en la lucha contra el crimen organizado en Bulgaria, incluido gracias a operaciones conjuntas con otros Estados miembro.

En el ámbito judicial, el Ejecutivo comunitario alerta de que la reforma judicial propuesta en julio ha generado "críticas generalizadas" entre jueces y la sociedad civil y que "algunas de las enmiendas aprobadas han sido criticadas por socavar potencialmente la independencia de los jueces" aunque valora como paso positivo la elección del nuevo Consejo Judicial Supremo, que tendrá gran responsabilidad en el nombramiento de altos cargos judiciales.

"Será importante ver que tales decisiones se hagan en función de los méritos y de manera transparente", avisa Bruselas, que incide en "las dudas sobre la posible influencia indebida sobre los jueces a través del Consejo Judicial Supremo".

INDEPENDENCIA JUDICIAL EN RUMANÍA

En el caso de Rumanía, el Ejecutivo comunitario ve riesgo de retroceso para la independencia judicial y alerta de la posibilidad de "reabrir cuestiones" cerradas satisfactoriamente el año pasado y admite el impacto de la situación política en el país a la luz de los dos gobiernos que ha tenido el país en apenas nueve meses y de la creciente tensión entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que dificulta la cooperación.

"Los desafíos y las dudas sobre la independencia judicial son una fuente de preocupación persistente", ha admitido en su informe, en el que alerta de que cambios normativos propuestos respecto al "papel de la Inspección Judicial y la responsabilidad personal de los magistrados, así como el nombramiento de fiscales" podría obligarle a "reconsiderar" los progresos en la independencia judicial.

"Aceptar y respetar las sentencias judiciales firmes y permitir que los magistrados cumplan su labor sin obstáculos es esencial, incluido para cumplir las condiciones fijadas", avisado en su informe, en el que vuelve a reiterar su petición a Bucarest para que garantice "un sistema transparente y basado en el mérito para el nombramiento de fiscales de alto rango y el Consejo Superior" de la Magistratura.

En el caso de la lucha contra la corrupción, el Ejecutivo comunitario valora que se diera marcha atrás a principios de año en la polémica propuesta para despenalizar ciertos delitos de corrupción y cree que la estrategia del Ejecutivo rumano contra la corrupción hasta 2020 "tiene el potencial para constituir una política de prevención de la corrupción efectiva si se aplica adecuadamente y tiene seguimiento sobre el terreno".

El Ejecutivo comunitario concluye que ni Bulgaria y Rumanía han cumplido hasta ahora "ninguna" de las seis y cuatro metas fijadas en cada caso para cerrar el proceso de vigilancia reforzada a ambos países para garantizar que cumplen los estándares en independencia judicial y la lucha contra la corrupción.

Pero al mismo tiempo considera que con voluntad y determinación política ambos podrían cumplir las 17 y 12 recomendaciones concretas que les hace "en el futuro próximo". El objetivo de Bruselas es cerrar dicho procedimiento de vigilancia reforzada antes de que concluya el mandato de la actual Comisión en 2019 si cumplen las condiciones.