La fiscal del TPI advierte en persona al presidente congoleño contra la "impunidad" de la violencia en RDC

"La visita deriva de mis declaraciones previas, donde he expresado mi preocupación por la situación crítica y los episodios de violencia de los que se me ha informado, en especial en las regiones de Kasai, Beni y (la capital) Kinshasa, que podrían constituir crímenes bajo la jurisdicción del TPI", ha declarado la fiscal del tribunal internacional, que trata crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y genocidio.

Si bien la fiscal ha reconocido "avances contra la impunidad" en RDC, ha recordado que "la prevención es una dimensión esencial de la justicia", y ha pedido a las autoridades que anticipen cualquier tipo de actos merecedores de la intervención de la corte.

Bensuda ha hablado con el mandatario y otras autoridades judiciales para que "tomen las medidas necesarias para impedir la comisión de estos delitos". "El Estatuto de Roma", ha declarado la fiscal sobre el tratado fundacional del TPI, "no deja opción a otra alternativa".

"Quiero reiterar así mi llamamiento a las autoridades y al pueblo para que impidan esta situación y eviten, en todo lugar y en todo momento, cualquier comportamiento penado por el Estatuto", ha añadido en un comunicado.

OBSTÁCULOS OFICIALES

El miércoles, expertos de Naciones Unidas aseguraron que funcionarios de seguridad congoleños estaban obstaculizando la investigación de los asesinatos de dos investigadores de Naciones Unidas en 2017 en la región de Kasai.

La acusación apareció en una nota confidencial del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas fechada el 18 de abril y se ha distribuido entre los miembros del Consejo de Seguridad sobre el progreso de un equipo de expertos enviados a RDC en noviembre por el secretario general de la ONU, António Guterres, para apoyar a los congoleños a la investigación de los oficiales sobre los asesinatos.

Los investigadores de Naciones Unidas Zaida Catalan, de nacionalidad sueca, y Michael Sharp, un ciudadano estadounidense, fueron asesinados en marzo de 2017 en la región central de Kasai mientras investigaban la violencia en el lugar entre las fuerzas gubernamentales y una milicia local.