RSF y activistas denuncian que Turquía usa Interpol "como un arma de lucha política"

La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha afirmado este jueves que la situación de la libertad de prensa en Turquía "es una catástrofe" y ha denunciado que el Gobierno del país "está recurriendo a Interpol como un arma de lucha política".

En el marco de una mesa redonda convocada por RSF, la Plataforma Pro Derechos y Libertades y el despacho de abogados Cremades Calvo-Sotelo, el presidente de la organización en España, Alfonso Armada, ha subrayado que la situación de la libertad de prensa se ha visto "agravada" a raíz del fallido golpe de Estado de julio de 2016.

"La persecución de cualquier tipo de disidencia (...) ha sido brutal", ha dicho, antes de señalar que "es difícil determinar" cuántos periodistas han sido encarcelados o están a la espera de juicio en el país, si bien RSF tiene constancia de un total de 39.

Armada ha explicado que "cualquier asomo de disidencia es laminado, utilizando la misma estrategia y retórica que se utiliza en otros países donde la libertad deja mucho que desear" y ha lamentado que "cualquier crítica al régimen es entendida como atentado terrorista o difusión de ideas terroristas".

En este sentido, ha acusado a Ankara de utilizar Interpol "para difamar a todo ciudadano turco que critique al Gobierno" y ha hecho referencia al caso vivido en verano de 2017 en España por el escritor de origen turco y nacionalidad alemana Dogan Akhanli y el periodista sueco de origen turco Hamza Yalçin.

Así, ha recordado que ambos fueron detenidos por la Policía en virtud de una orden de Interpol dictada desde Turquía y ha indicado que se trata de "una utilización muy poco defendible" de la institución internacional.

Por último, ha insistido en que Turquía "ha dado pasos atrás" con sus políticas de cara a una posible integración en la Unión Europea (UE) y que "en la medida en que el Gobierno turco impida la libertad de información y la libertad de crítica, está dando pasos cada vez más acelerados hacia un Estado eminentemente autoritario".

En esta misma línea, se ha expresado Mehmet Siginir, fundador de la Plataforma Pro Derechos y Libertades, quien ha recalcado que "Interpol está siendo socavada por el Gobierno turco, especialmente el sistema de notificaciones" y ha abordado los casos vividos recientemente en Kosovo y Gabón, donde fueron detenidas y extraditadas personas acusadas por Ankara de mantener lazos con el clérigo islamista Fetulá Gulen.

"Hay que enfatizar mucho lo que está pasando a través de Interpol", ha dicho, antes de explicar que Turquía "abusa del sistema de notificación internacional para perseguir a oponentes políticos que no han cometido ningún delito".

Juan Carlos Gutiérrez, abogado socio del citado bufete, ha resaltado además la necesidad de "actuar con Interpol para que tenga conciencia de que son persecuciones políticas".

Siginir ha señalado que el movimiento que encabeza Gulen, Hikmet, es usado como "cabeza de turco" para todos aquellos acontecimientos negativos que afectan al país y ha lamentado la "falta de una respuesta dura, estricta y clara" por parte de las organizaciones internacionales.

En este sentido, ha manifestado que la UE "tiene las manos atadas con el acuerdo migratorio sobre refugiados sirios" y ha reclamado actuar "urgentemente sobre las violaciones de Derechos Humanos antes de que sea demasiado tarde".

"No quiero que mi país se convierte en Siria. No quiero que muera tanta gente como en Yemen o en Venezuela. Antes de que sea más tarde hay que hacer algo", ha remachado Siginir.

DETENCIÓN DE JUECES, ABOGADOS Y FISCALES

El director de la Plataforma por la Paz y la Justicia, Ugur Tok, ha resaltado el hecho de que al menos 2.740 jueces fueron destituidos durante la noche del golpe de Estado por utilizar la aplicación de mensajería Bylock.

Tok ha incidido en que estas actuaciones tuvieron lugar antes de que se empezara a investigar a militares presuntamente involucrados en la intentona y ha criticado duramente la situación del sistema judicial.

"El sistema judicial nunca fue totalmente independiente", ha reconocido, antes de apuntar que desde julio de 2016 se ha convertido "en una extensión" del gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP).

"La mitad de los jueces tienen menos de tres años de experiencia, y la mayoría (de los reemplazos) habían sido miembros de ramas locales del AKP", ha dicho.

Tok ha cifrado además en 300 el número de periodistas juzgados en el país y en 156 los que se encuentran ya encarcelados, antes de asegurar que la estrategia del Gobierno es efectiva ya que algunos de ellos "optan por no alzar la voz" una vez que son liberados.

Por su parte, una persona que ha participado en la mesa y que ha preferido mantener el anonimato para evitar posibles represalias por parte del Gobierno, ha criticado igualmente la situación del sistema de Justicia en el país y ha elevado a 4.200 los jueces y fiscales cesados desde la asonada.

Así, ha dicho que muchas detenciones empezaron a tener lugar antes de que las autoridades actuaran contra miembros del Ejército por su presunto papel en el intento de golpe y ha cargado contra el nombramiento de personas leales a Erdogan como sustitutos de los cesados.

Esta persona ha denunciado además que existen fallos judiciales que exoneran a los miembros de las fuerzas de seguridad que están cometiendo abusos de los Derechos Humanos en el marco del estado de emergencia declarado en el país.

Por último, ha subrayado que los abogados se han quedado desprotegidos para poder llevar a cabo su tarea de defensa de los acusados y que éstos son defendidos por abogados impuestos por el Gobierno, algunos de los cuales trabajan a favor de la acusación.

PETICIONES A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Por todo ello, Tok ha reclamado a la UE que deje de lado su política "fundamentada en intereses" para abordar sus lazos con Turquía y adopte una postura firme con Erdogan, al que ha acusado de "radicalizar" a las comunidades turcas en el extranjero e "infectar" a la diáspora.

Así, ha dicho a los líderes europeos que "en lugar de negociar con autócratas y dictadores, piensen en acabar con ellos". "Esa es la solución, pero parecen estar actuando para calmarlos. Sospecho que esto no funcionará", ha explicado.

Tok ha señalado además que Erdogan quiere que la UE corte lazos con Turquía "para usarlo como propaganda a nivel interno", antes de criticar el papel del presidente del Consejo Europeo, Thorbjorn Jagland, por "negociar" con el presidente turco para "evitar" que los casos lleguen al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

"Los líderes europeos deben tomar una decisión y volver a sus valores fundamentales y dejar que el TEDH funcione", ha sostenido, al tiempo que ha recordado que el TEDH es "el más alto tribunal" al que pueden acudir los ciudadanos turcos cuyos derechos están siendo violados.

En este sentido, Siginir ha apuntado que "lo que esperan las víctimas de la purga (...) no es un milagro, no es que venga un poder y quite a Erdogan, solamente quieren que la última y máxima autoridad, que es el TEDH, funcione".

"El problema es la politización de las instituciones por llevar a cabo una política de apaciguamiento", ha insistido, en línea con las declaraciones formuladas por Tok.

Por su parte, Gutiérrez ha reconocido que "hay mucho por hacer" y ha desvelado que "se pueden intentar procedimientos de naturaleza internacional" a nivel del Comité contra la Tortura, del que Turquía es miembro.

Así, ha recordado que Ankara no es firmante del Estatuto de Roma, por lo que los casos no pueden llevarse ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), si bien no ha descartado "la posibilidad de que pueda existir algún país que actúe bajo jurisdicción universal", ya que algunos de los detenidos son de nacionalidad extranjera.