La ONU denuncia la "estigmatización" de los defensores de los DDHH en Colombia

La ONU ha denunciado a través de un comunicado "la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de la labor (de los defensores de los Derechos Humanos), tanto en pronunciamientos públicos como con acciones que obstaculizan su trabajo".

Ha mencionado la decisión del Congreso de impedir que los defensores sean elegidos como jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) --la justicia transicional ideada por el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC--, "lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de Derecho".

Además, ha indicado que "otros altos funcionarios han declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas", algo "muy peligroso, ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables".

La ONU ha urgido a las autoridades colombianas a actuar contra lo que ha considera "una práctica peligrosa", especialmente en el marco de la actual escalada de violencia contra activistas, que ha dejado hasta 105 homicidios en el último año, a los que se suman once casos "en proceso de verificación".

A este respecto, ha señalado que los crímenes se han producido "en contextos de violencia generalizada por el accionar de criminalidad común u organizada" para hacerse con el control de los antiguos territorios de las FARC y sus negocios ilícitos, como el narcotráfico, en lugares donde "la presencia del Estado es limitada".

"Las consecuencias del asesinato de un defensor de los Derechos Humanos son más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del Gobierno", ha afirmado la ONU, alertando sobre "la magnitud de las repercusiones en el tejido social y comunitario".

Así las cosas, ha recordado que "ser defensor de los Derechos Humanos es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y la construcción de una paz sostenible" y ha exigido a las autoridades colombianas que prevengan, investiguen, juzguen y sancionen estos crímenes.