La ONU denuncia las últimas ejecuciones en Irak y denuncia que las autoridades han actuado "por venganza"

El ahorcamiento de los 36 supuestos yihadistas tuvo lugar el pasado domingo en la prisión de Nasiriya, en el sur del país. Según las autoridades iraquíes, los acusados eran milicianos suníes que asesinaron a unos 1.700 soldados iraquíes, en su mayoría chiíes, cerca de la ciudad de Tikrit, en una ofensiva del Estado Islámico.

"Los individuos que han sido ejecutados fueron condenados a muerte a base de una información proporcionada por informantes secretos o a base de unas confesiones sustraídas bajo tortura", ha declarado este martes la portavoz de Naciones Unidas, Cecile Pouilly, en Ginebra. Alrededor de 19 de los 36 hombres ejecutados denunciaron haber sido sometidos a tortura, unas acusaciones que nunca han sido investigadas.

Pouilly ha añadido que el encargado de defender a los acusados durante el proceso judicial, apuntado por las propias autoridades iraquíes, no intervino en ningún momento durante los juicios. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha publicado un comunicado en el que se ha mostrado "profundamente consternado" por las ejecuciones.

Naciones Unidas, según ha declarado Pouilly, ya había urgido a las autoridades iraquíes "a que se asegurasen de que cualquier juicio que tenga lugar en relación con la masacre respete un proceso judicial adecuado". "Sin embargo, en esta ocasión este no ha sido el caso", ha añadido la portavoz de la ONU.

CONFESIONES BAJO TORTURA

Según un informe publicado este lunes por la ONG Amnistía Internacional (AI), uno de los hombres ejecutados supuestamente confesó haber matado a unos 60 cadetes en la base Speicher, después de ser amenazado con que su mujer y sus hermanas serían violadas. Fue golpeado con cables y se le propinaron numerosas descargas eléctricas. A pesar de que el hombre se retractó de su confesión en el juicio, el testimonio que dio mientras era torturado fue utilizado por la Fiscalía para acusarle.

Los acusados, supuestos milicianos yihadistas, fueron declarados culpables de la muerte en 2014 de más de 1.700 soldados y cadetes de la base militar Speicher, en su mayoría chiíes. Los militares fueron asesinados durante una ofensiva del Estado Islámico en La antigua base estadounidense a pocos kilómetros al norte de la ciudad natal de Saddam Hussein, Tikrit.

El Ejército iraquí, con el apoyo aéreo de Estados Unidos y la colaboración de milicias chiíes, avaladas por Irán, lograron capturar la zona el año pasado.

El Gobierno iraquí ha estado siendo presionado por el sector político chií para ejecutar a supuestos milicianos yihadistas, después de que tuviera lugar un grave atentado terrorista el pasado 3 de julio, en el que perdieron la vida unas 324 personas.

Pocos días después del ataque, que fue reivindicado por el Estado Islámico y tuvo lugar en uno de los distritos comerciales más populares de Bagdad, el Ministerio de Justicia anunció la ejecución de siete personas.

No es la primera vez que la comunidad internacional denuncia abusos a prisioneros por parte de las autoridades iraquíes. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a día de hoy hay unas 1.200 personas en el corredor de la muerte. De acuerdo con los datos de AI, en lo que va de año 81 personas han sido ejecutadas en Irak, y unas 123 han sido sentenciadas a muerte.