La ONU y las ONG alertan del deterioro de la situación en el norte y el centro de Malí

El aumento de los ataques de grupos armados y yihadistas en el norte y el centro de Malí está teniendo un fuerte impacto en la población civil y en la asistencia que puede recibir de las organizaciones humanitarias, que se han convertido cada vez más en objetivo de la violencia y de saqueos.

"En Malí no hay una sola crisis, hay una superposición de crisis que podemos definir como una crisis crónica", explica Côme Niyomgabo, que ha estado trabajando como coordinador de Médicos Sin Fronteras (MSF) en las regiones de Gao y Kidal, en el norte del país, dos de las más afectadas por la violencia, que ahora también se está extendiendo hacia el centro, en especial hacia Mopti y Ségou.

"Si hoy no decimos que hay una crisis humanitaria aguda en el norte del Malí es solo por la baja densidad de población en este área" ya que representan dos tercios del territorio del país pero solo tienen unos dos millones de habitantes, aclara, precisando que "la mayoría son nómadas así que es fácil que su situación pase desapercibida, aunque sea crítica".

Según Niyomgabo, "ahora existe el riesgo de una crisis aguda en el centro del país" donde "los grupos radicales se han encontrado con un terreno extremadamente favorable" debido al "sentimiento de abandono e injusticia de una parte de la población hacia el Gobierno" que confluye con el conflicto histórico entre la etnia bambara, tradicionalmente agricultores, y los peul, tradicionalmente ganaderos, que no se ha solucionado.

El director de operaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), John Ging, hace una lectura similar de la situación en el país africano. "Para los ciudadanos corrientes, Malí no es un lugar seguro, en especial en el norte y cada vez más en lugares como Mopti", aseguró durante su reciente visita a esta región del centro del país.

"Esto viene a sumarse a una crisis de seguridad alimentaria y también hemos asistido a una crisis en el sector educativo, de salud, lo que representa una enorme carga para las organizaciones humanitarias", subrayó Ging en declaraciones a Radio Mikado, la emisora de la Misión de la ONU en el país (MINUSMA).

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Según el último informe de la OCHA, se espera que hasta 3,8 millones de personas se enfrenten a inseguridad alimentaria entre junio y agosto de este año, de las que más de 600.000 se encontrarán en situación de "crisis" o "emergencia" alimentaria --fases 3 y 4 de un total de 5, en las que el nivel más alto representa la hambruna--.

Estas cifras suponen un deterioro con respecto a la situación de hace un año, ya que hay casi un millón de personas más necesitadas de ayuda. Casi dos terceras partes de los más afectados por la inseguridad alimentaria se encuentran en el norte y el centro del país, las zonas donde la inseguridad y los desplazamientos forzosos son una constante. Desde febrero, más de 10.000 personas se han visto desplazadas, por lo que el total estaría ya en torno a los 50.000, mientras que otros 141.000 malienses han buscado refugio en los países vecinos.

La ausencia de una presencia fuerte de las autoridades malienses en el norte del país --en Gao la presencia se limita a las ciudades y en Kidal "el estado sigue completamente ausente", según Niyomgabo-- ha dejado a la población civil en una situación de indefensión y sin acceso a servicios básicos como agua, salud o educación.

Según ha denunciado la coordinadora humanitaria de la ONU en Malí, Mbaranga Gasarabwe, desde principios de 2017 se han producido 38 incidentes que han impedido el acceso de la población a asistencia, dos terceras partes de los cuales han sido actos de violencia contra personal, bienes e instalaciones de organizaciones humanitarias, que han sido objeto de ataques directos y saqueos.

"Cada vez que una organización humanitaria es atacada, son los niños, las mujeres y los hombres más vulnerables los que pagan el precio, ya que eso afecta al suministro de la ayuda destinada a ellos", lamenta Gasarabwe. "La violencia y la criminalidad en el norte y el centro del país lastran el proceso de paz y no hacen sino aumentar el sufrimiento de las comunidades", añade.

UN 70% MÁS DE ESCUELAS CERRADAS

Uno de los sectores que se ha visto más golpeados por la inseguridad ha sido la educación. Según la ONU, grupos islamistas han amenazado a profesores y comunidades, lo que ha provocado el cierre de 507 escuelas en el norte y el centro del país y ha dejado a 150.000 niños sin clase.

Del total, 270 de las escuelas cerradas se encuentran en la región de Mopti, mientras que en las regiones norteñas de Gao, Kidal y Tombuctú los cierres se han estabilizado. La cifra supone un 70 por ciento más de escuelas cerradas que en el mismo periodo de 2016.

Malí sufrió un golpe de Estado militar en marzo de 2012 que aprovecharon los grupos tuaregs en el norte para alzarse en armas, pero pronto la rebelión se vio 'secuestrada' por los grupos islamistas, lo que desencadenó una intervención militar de Francia en enero de 2013. La violencia entre grupos antigubernamentales y progubernamentales regresó pronto al norte del país, llegándose a un acuerdo de paz en Argel en junio de 2015.

Sin embargo, el acuerdo no ha devuelto la paz al norte del país y pese a algunos avances, como la creación de patrullas mixtas entre los separatistas tuaregs y las fuerzas malienses y el retorno de las autoridades gubernamentales a Kidal, Gao y Menaka, los ataques, principalmente a manos de organizaciones islamistas, persisten.

El 18 de enero, al menos 77 personas murieron y otras 115 resultaron heridas en un ataque suicida contra una base militar en la zona de Goundam, en la región de Gao, reivindicado por el grupo islamista Al Murabitún, vinculado a Al Qaeda. Esta organización, junto con Ansar Dine, el Frente de Macina y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), crearon en marzo una nueva coalición: Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes.

MALÍ, EN UN PUNTO DE INFLEXIÓN

"Casi dos años después de la firma del acuerdo de paz, Malí está de nuevo en un punto de inflexión crítico con devastadoras implicaciones para sus ciudadanos y la región", ha lamentado Ging tras su visita al país, llamando a la comunidad internacional a "intensificar su compromiso" con Malí.

"Lo más alarmante es el sufrimiento de las mujeres malienses", ha subrayado Ging. "Nueve de cada diez mujeres de entre 15 y 49 años han sido objeto al horror de la mutilación genital femenina. Debemos hacer más para proteger a niñas inocentes de esa brutalidad", ha reclamado.

"Debemos aumentar la visibilidad de la compleja emergencia en Malí en este momento crítico. Centrarse y apoyar solo al sector de la seguridad no resolverá la crisis en Malí. La clave es apoyar y empoderar al pueblo de Malí", ha sostenido Ging.

"Debemos cubrir las necesidades humanitarias inmediatas, fortalecer la resiliencia, empoderar a las mujeres de Malí, invertir en la educación de los niños y reabrir las escuelas antes de que esta generación se pierda por el conflicto", ha conminado. La ONU ha pedido 293 millones de dólares para poder cubrir las necesidades en Malí en 2017, pero hasta la fecha solo se ha recibido el 11,6 por ciento.