Mueren dos militares en un ataque en el norte de Malí

Por el momento ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque en Fafa, localizada unos 200 kilómetros al norte de la capital provincial, Gao.

El norte de Malí es una región convulsa con presencia de tropas francesas desde la revuelta tuareg de 2013, que rápidamente fue secuestrada por grupos yihadistas, cuyo avance hacia el sur del país provocó la intervención militar de París.

El proceso de paz pactado en 2016 sufrió un duro golpe a mediados de enero, tras la muerte de al menos 77 personas en un atentado contra una base militar que albergaba a soldados gubernamentales y a miembros de grupos armados rebeldes --Plataforma y CMA-- que acordaron llevar a cabo patrullas conjuntas en el marco del acuerdo de paz.

La autoría del atentado fue reclamado por Al Murabitún, vinculado a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). El grupo, dirigido por el yihadista argelino Mojtar Belmojtar, ha llevado a cabo en los últimos años varios atentados de gran magnitud contra objetivos civiles y militares en el norte de Malí y en otros países africanos.

Tras el atentado, el presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, hizo un llamamiento a aplicar en su totalidad el acuerdo de paz, pidiendo que el ataque no impacte negativamente en este proceso.

Sin embargo, las autoridades interinas destinadas a restablecer la autoridades del Estado maliense en las regiones del norte del país han hecho frente a obstáculos a la hora de instalarse en varias localidades.

Estas autoridades se instalaron a finales de febrero en Ménaka, Gao y Kidal, si bien no pudieron hacerlo la semana pasada en Tombuctú y Taoudénit.

El acuerdo firmado por el Gobierno y los rebeldes tuareg del norte de Malí incluye la presencia de las autoridades malienses en las principales ciudades de la zona septentrional de la nación africana para evitar un vacío de poder.

La instalación de estos consejos regionales implica a los movimientos armados firmantes del acuerdo de paz de 2015 y estarán en vigor durante un periodo de entre 18 y 24 meses, cuando serán reemplazados por órganos descentralizados.