Marruecos expulsa a un periodista argelino detenido en el Rif por trabajar "sin autorización"

El periodista ha sido identificado como Yamel Alilat, del diario argelino 'El Watan', quien ha afirmado que está previsto que llegue a Argelia durante la jornada de este martes.

El director de 'El Watan' había expresado su "extrema preocupación" por la detención de Alilat, mientras que el Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ) ha denunciado "firmemente" la actitud de Marruecos, tildando la detención como "brutal y abusiva".

Durante la jornada ha sido detenido además el activista Naser Zefzafi, uno de los principales promotores de las protestas que desde hace semanas se vienen celebrando en Alhucemas contra el Gobierno marroquí.

El arresto de Zefzafi se ha producido por "presunta obstrucción a la libertad de culto" en virtud de la orden de arresto emitida en su contra el pasado viernes.

Zefzafi, líder del movimiento 'Hirak', interrumpió el viernes el sermón de un clérigo de la zona cuando se disponía a criticar las protestas que se han venido sucediendo en la ciudad, especialmente a raíz de la muerte de un pescadero, que falleció en octubre al ser aplastado por un camión de basura cuando intentaba recuperar pescado que le había sido confiscado por las fuerzas de seguridad.

El activista ha sido detenido junto a otras personas y todos ellos han sido entregados a la Brigada Nacional de la Policía Judicial (BNPJ) en Casablanca. En el caso del resto de detenidos, son sospechosos de atentar contra la seguridad interior del Estado y actos constituyentes de delito en virtud de la ley.

Según el comunicado, recogido por la agencia MAP, la Fiscalía General está supervisando la investigación y los arrestados comparecerán ante la misma una vez concluya la investigación.

El Ministerio de Asuntos Islámicos había tildado la acción de Zefzafi de "incitación al desorden". "La ley prevé una serie de sanciones para aquellos que se antepongan a celebraciones religiosas. Este incidente constituye un comportamiento vil", indicó.

El Código Penal establece penas de hasta tres años de prisión para aquellos que impidan la realización de celebraciones religiosas.