Maduro amenaza con denunciar al Parlamento por "intentar un golpe de Estado"

"La República tendrá una querella y llevará una demanda contra la Asamblea Nacional por intentar un golpe de Estado y violar la Constitución", ha anunciado Maduro, subrayando que no se quedará "de brazos cruzados". "Irán a la cárcel todos aquellos que violen las leyes", ha afirmado, según informa Noticias 24.

El líder bolivariano ha aprovechado para reiterar su llamamiento al diálogo previsto para este domingo en Isla Margarita. "Quiero verles la cara y decirles: 'yo no te odio, no odies tú tampoco', porque así nació Hitler", ha dicho, en alusión a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición opositora.

Además, ha proclamado "el triunfo de la paz" y "el fracaso del paro de la oligarquía" por el escaso seguimiento de la huelga general convocada para este viernes por la MUD para forzar al Gobierno a reactivar el referéndum revocatorio contra Maduro.

"Gracias por haber hecho posible la cultura del trabajo y derrotado la violencia (...) Hoy Venezuela les da una lección que esperamos sea leída para que no se sigan engañando", ha dicho a los manifestantes que también este viernes han marchado hacia el Palacio de Miraflores.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Los diputados venezolanos han comenzado a analizar si Maduro es responsable político por "abandono del cargo" de la crisis económica y social que sufre la nación caribeña, un proceso que la Asamblea Nacional acordó iniciar el pasado martes.

Si el Congreso declarara la responsabilidad política de Maduro, podría empujarlo a un juicio. Aunque parte de la coalición opositora ha hablado de 'impeachment', en Venezuela no existe esta figura jurídica, por lo que se trataría de un proceso judicial ordinario.

"Esta es la mayor sanción que puede aplicar el Poder Legislativo y puede dar lugar a la responsabilidad penal y administrativa del mandatario y desembocar en nuevas elecciones presidenciales", explica el Parlamento en su página web.

No obstante, la decisión de la Asamblea Nacional podría ser anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dado que el pasado mes de agosto determinó que todas las decisiones parlamentarias serán nulas hasta que no se expulse a tres diputados acusados de comprar votos.