La Justicia argentina califica por primera vez de homicidio la muerte del fiscal Nisman

Ercolini ha argumentado en un fallo de 656 páginas que "la muerte de Nisman no obedeció a un suicidio", sino que se trató de "un homicidio simple" del que ha responsabilizado a Diego Lagomarsino, un técnico informático que asesoraba al fiscal.

Lagomarsino ha confesado ser el dueño del arma con la que se efectuó el disparo que acabó con la vida de Nisman. Sin embargo, defiende que el investigador se la pidió prestada un día antes de que fuera hallado muerto y que no la usó en su contra.

Ercolini acoge parcialmente esta versión porque no ha quedado probado que Lagomarsino disparara contra Nisman, acción que atribuye a "autores desconocidos", si bien considera que su participación fue clave, por lo que le imputa como "partícipe necesario".

El juez federal no ha pedido su ingreso en prisión provisional pero le ha prohibido salir del país y ha ordenado que lleve una tobillera electrónica para tenerle localizado en todo momento. Además, ha dictado un embargo de 15 millones de pesos (unos 690.000 euros).

Ercolini también ha procesado a los cuatro escoltas de Nisman --los policías federales Rubén Benítez, Armando Niz, Néstor Durán y Luis Miño-- por un delito de "incumplimiento del deber", por considerar que descuidaron la protección al fiscal. También les ha prohibido abandonar Argentina y les ha embargado bienes por distinto valor.

Lagomarsino, que ha conocido la resolución judicial en medio de una entrevista, ha considerado que se ha cometido una "inmensa injusticia". "Alberto Nisman me cagó la vida", ha declarado, al tiempo que ha lanzado una advertencia: "Si voy preso me termino de romper, porque no hay nada peor que un inocente preso".

MUERTE DE NISMAN

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en su apartamento de Buenos Aires. Su cadáver estaba tendido en el suelo del cuarto de baño con un disparo en la cabeza, lo que en un principio sugirió que podría tratarse de un suicidio, aunque la familia siempre apuntó a una muerte violenta.

Su muerte se produjo pocos días después de presentar una denuncia contra Fernández de Kirchner en la que acusaba a la mandataria y a varios miembros de su Gobierno de llegar a un acuerdo secreto con Irán para desviar la investigación judicial de los sospechosos iraníes a cambio de la compra de grano argentino.

La Cámara Federal de Argentina confirmó el pasado 22 de diciembre la orden de procesar a Fernández de Kirchner por encubrir a los supuestos autores del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que se saldó con 85 muertos y más de 300 heridos.