La Justicia sostiene que Bachelet actuó según la normativa al no conceder el indulto a los presos de Punta Peuco

La tercera sala del tribunal ha considerado, unánimemente, que no hubo actuación arbitraria en la decisión de Bachelet al no pronunciarse sobre la solicitud de los indultos de René Cardemil Figueroa y Marcelo Castro Mendoza, encarcelados por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, según ha informado el diario chileno 'El Mercurio'.

El fallo sostiene que Bachelet "se ajustó a la normativa" al no indultar a Cardemil, de 79 años, implicado en la muerte de seis personas, y a Castro, de 73 años, acusado por 13 asesinatos y dos secuestros durante la dictadura.

"Tampoco se advierte arbitrariedad en la decisión impugnada, toda vez que el acto reclamado no obedece a un mero capricho de la autoridad, sino que por el contrario, resulta amparado por hechos objetivos que se indican en las resoluciones que rechazaron las solicitudes", ha indicado la Justicia en el texto.

Después de que los familiares de Cardemil y Castro presentaran la apelación, la corte admitió el recurso por el retraso en los indultos, decisión con la que se obligaba a la mandataria a informar en los siguientes cinco días de todos los antecedentes que tuviera sobre la petición de indulto que ha motivado el recurso de protección.

Cuatro meses después de que el abogado de cuatro presos --dos de los cuales murieron recientemente--, Raúl Meza, solicitara el indulto, Bachelet decidió no otorgar esta gracia al exsoldado del Ejército Cardemil y al excarabinero Castro.

Los informes de Gendarmería sostienen que tanto Cardemil como Castro, ambos condenados a diez años de prisión, se encuentran en situación de "ausencia de conciencia del delito y mediana conciencia del daño causado".

Asimismo, según el informe del Servicio Médico Legal, Cardemil --con cáncer de próstata-- "no tiene problemas médicos graves que le impidan continuar con su actual condición", mientras que de Castro, que tiene insuficiencia renal, diabetes y amputación de dedos de los pies, sostuvo que "se encuentra en buen estado (...) y sin riesgo de vida siempre que persista con sus controles médicos y hemodiálisis".

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, explicó entonces que los indultos estaban mal solicitados. Por su parte, el abogado de los reos acusó al titular de la cartera de Justicia de "ignorancia jurídica".

La polémica sobre los indultos a los presos condenados por su implicación en crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet salió a la luz después de que a principios de marzo falleciera el excarabinero Gustavo Muñoz Albornoz, que cumplía una condena de diez años por un delito de secuestro y asesinato en 1973.

Muñoz, con una enfermedad renal crónica terminal y otras enfermedades derivadas, falleció después de haber solicitado el indulto por razones de salud. El abogado del fallecido --también Raúl Meza-- denunció que la muerte de su cliente hubiera tenido lugar mientras él estaba en prisión, provocando una serie de protestas por parte de familiares de exagentes encarcelados que solicitaron el perdón presidencial por razones sanitarias.

En este contexto, el exmagistrado español Baltasar Garzón, que impulsó el arresto domiciliario en 1998 del dictador chileno, defendió a finales de marzo la necesidad de evaluar las situaciones de los presos "caso a caso", insistiendo en que un Estado de derecho "no puede permitir que una persona muera en prisión".

"Las razones humanitarias deben aplicarse por igual a cualquier persona que esté en una situación incompatible con los fines de la pena", explicó el exjuez, en una breve visita al país. En este caso, indicó, "el lugar de cumplimiento (de la condena) puede no ser el elemento principal".

"Sin embargo, si es como regla general y una reivindicación, no me parece bien. En todo caso, para paliar estas situaciones, no creo que el indulto sea la medida a adoptar", matizó.