Las FARC evitarían la cárcel y la extradición a EEUU

El Gobierno y las FARC han acordado crear un tribunal especial encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado conjugando la legislación penal aplicable y lo pactado sobre justicia transicional.

La sede jurisdiccional estará formada por dos salas: una para sentenciar, a la que llegarán los casos en los que el acusado haya admitido su culpabilidad; y otra para juzgar, a donde se remitirán las causas que requieran la comprobación de los hechos.

Será un modelo de "justicia restaurativa", lo que supone que el objetivo no es el castigo 'per se', sino la reparación del daño causado en la medida que sea posible. Así, las penas de cárcel serán sustituidas por trabajos a favor de la sociedad colombiana y especialmente de las comunidades más afectadas por el conflicto.

Entre estas penas alternativas se ha apuntado a la participación en el proceso de desminado iniciado en marzo o en obras de reconstrucción, mientras que en el ámbito económico la guerrilla entregaría dinero y tierras.

Las víctimas recibirán además un perdón oficial de las FARC, como requisito indispensable para que la pretendida reparación se produzca.

El segundo eje del acuerdo de justicia transicional es la no extradición de los guerrilleros, lo cual significa que evitarán ser entregados a los tribunales estadounidenses, donde hay numerosos casos contra las FARC por narcotráfico.

Otra novedad es que, por primera vez en la historia colombiana, la justicia transicional se aplicará a todos los actores del conflicto armado: tanto guerrilleros como agentes del Estado y otros, que hasta ahora habían quedado siempre al margen.