Imputados por un delito de asociación ilícita los tres periodistas detenidos el lunes en Birmania

La Policía local ha informado de la imputación de los tres reporteros en virtud del artículo 17 de la Ley de Asociación Ilícita, una norma de la época colonia. De ser condenados, podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión.

Los tres han sido trasladados a la prisión de Hsipaw, en el centro del país, donde estarán hasta la fecha del juicio, que tendrá lugar el próximo 11 de julio, tal y como ha confirmado al diario 'Irrawady' el agente de la Policía local Mying Win.

Uno de los tres detenidos, Lawi Weng, periodista en 'Irrawady', ha asegurado a través de un agente que su salud es buena y que está recibiendo tratamiento médico rutinario para un problema cardíaco que sufre. Weng ha tenido que ser tratado en el pasado también por fallos renales.

Los otros dos arrestados, del periódico 'Voz Democrática de Birmania' ('VDB'), también se encuentran bien de salud, tal y como ha señalado uno de sus compañeros del diario, si bien no han podido saber cómo están siendo tratados por los agentes.

El Ejército detuvo a siete personas, entre ellos los tres periodistas, a los que se les acusa de estar vinculados al TNLA. Los tres habían viajado a la zona controlada por el grupo étnico para cubrir un acto sobre la erradicación de la droga celebrado en el Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito.

La identidad y situación de los otros cuatro detenidos todavía se desconoce.

El Parlamento del estado votó, el pasado mes de diciembre, para incluir al TNLA en la lista de organizaciones terroristas, así como al Ejército por la Independencia Kachin, al Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania y al Ejército de Arakan.

Más de un centenar de organizaciones civiles se opusieron a esta decisión, señalando que complicaría el proceso de reconciliación.

A pesar de la presión de los grupos de Derechos Humanos y de los países occidentales, el Gobierno de Aung San Suu Kyi ha conservado vagamente las leyes de seguridad de la época colonial, que finalizó en 1948, criticadas como una violación de la libertad de expresión.