HRW denuncia la persecución injustificada de líderes ecologistas e indígenas bajo el mandato de Correa

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes que el Gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa se aprovechó del sistema judicial del país para perseguir a líderes indígenas y ecologistas contrarios a las prospecciones de minerales y petróleo en el Amazonas.

El informe de la ONG 'Amazónicos a juicio: el abuso judicial de los líderes indígenas y ecologistas en Ecuador', ha mostrado cómo la Fiscalía ecuatoriana no proporcionó pruebas suficientes para sostener cargos serios o justificar procesos judiciales de varios años.

HRW ha relatado varios ejemplos en su comunicado. Uno de ellos ha sido el de Agustín Wachapá, un líder indígena que fue acusado de "incitación a la violencia". Según la organización, la prueba más seria contra él fue una entrada en su perfil de Facebook. Wachapá pasó cuatro meses en una prisión de máxima seguridad esperando juicio.

Otro ha sido el de Pepe Acacho, un líder indígena al que las autoridades ecuatorianas condenaron a 12 años de prisión. La organización ha denunciado que, habiendo revisado su caso, no encontró pruebas creíbles que justificaran su condena por terrorismo.

El Tribunal Nacional de Justicia revocó su condena en enero de 2018, pero le sentenció a ocho meses de cárcel por "impedir de forma ilegal el movimiento libre de vehículos, personas o mercancía". HRW ha criticado que a Acacho nunca se le sometió a juicio por este delito.

LAS CRÍTICAS DE CORREA A LOS ECOLOGISTAS

Correa criticó de manera repetida en su programa de televisión a los líderes de las protestas ecologistas contrarios a las prospecciones promovidas por su Gobierno. "El presidente Correa ha atacado verbalmente en la televisión nacional a los líderes indígenas y a los ecologistas que se oponían a distintos proyectos de extracción en el Amazonas y su Ministerio del Exterior ha intentado encarcelar a los líderes y cerrar sus organizaciones", ha denunciado el director gerente para las Américas de HRW, Daniel Wilkinson.

En 2013, la Administración de Correa clausuró uno de los grupos ecologistas más importantes del país, la Fundación Pachamama, y trató de hacer lo mismo con Ecological Action, hasta que las críticas de la comunidad internacional le obligaron a dar marcha atrás a la medida, según la organización. HRW ha recordado que cinco relatores especiales de la ONU tildaron al intento de clausurar el grupo como una "estrategia para asfixiar a la sociedad civil".

"El presidente actual, Lenín Moreno, ha finalizado la campaña de acoso y los grupos ecologistas están desarrollando sus actividades de manera más libre, pero los procesos judiciales abusivos continúan desarrollándose", ha añadido Wilkinson.

LOS CAMBIOS CON LENÍN MORENO

La ONG ha admitido que Lenín Moreno se ha sentado a hablar con los ecologistas, los líderes indígenas y con otros sectores de la oposición y que su Administración ha restituido a la Fundación Pachamama, pero ha subrayado que no ha exigido responsabilidades por las "persecuciones judiciales abusivas" desarrolladas durante la Presidencia de su predecesor.

"Moreno debería trabajar para asegurarse de que se nombra a un organismo independiente y creíble que examine cómo llevaron a cabo las autoridades judiciales y la oficina del fiscal general" algunas de las investigaciones judiciales que se produjeron durante el mandato de Correa, ha reclamado Wilkinson.

Tanto el presidente como las autoridades "necesitan hacer mucho más para reparar el daño provocado por el acercamiento de corte autoritario de Correa a los opositores de sus políticas medioambientales", ha manifestado Wilkinson. "Esto significa detener de manera inmediata a los líderes indígenas y ecologistas, revertir los prejuicios causados y tomar las medidas necesarias para asegurarse de que no vuelve a pasar nada parecido", ha finalizado el responsable de HRW.