HRW denuncia los obstáculos para conseguir justicia y ayuda a las víctimas de violación en India

Las víctimas de violación en India se enfrentan a barreras significativas a la hora de conseguir justicia y servicios de apoyo fundamentales porque algunas de las medidas adoptadas a raíz de la violación de una joven en Nueva Delhi en diciembre de 2012 no se están aplicando de forma completa, según ha denunciado este miércoles Human Rights Watch.

En su informe "'Todo el mundo me responsabiliza': Barreras a la justicia y los servicios de apoyo para las supervivientes de agresión sexual en India', la ONG señala que las mujeres y niñas víctimas de violación y otros actos de violencia sexual a menudo son humilladas en las comisarías y hospitales.

En muchos casos, según HRW, la Policía no se muestra dispuesta a registrar sus denuncias, las víctimas y testigos reciben poca protección y los facultativos siguen realizando los degradantes exámenes "con dos dedos". Además, estos obstáculos a la justicia y la dignidad se ven acompañados por una inadecuada atención sanitaria, aesoramiento y apoyo legal para las víctimas durante los juicios contra los acusados.

"Hace cinco años, los indios conmocionados por la brutalidad de la violación grupal en Nueva Delhi pidieron poner fin al silencio en torno a la violencia sexual y reclamaron reformas de la justicia penal", ha recordado la directora para el Sur de Asia de HRW, Meenakshi Ganguly.

"Hoy en día, hay leyes y políticas más fuertes pero aún queda mucho por hacer para garantizar que policías, médicos y tribunales tratan a las supervivientes con dignidad", ha advertido. "Denunciar una violación no debería contribuir a la pesadilla de la víctima", ha sostenido Ganguly.

"Hace falta tiempo para cambiar las mentes, pero el Gobierno indio debería garantizar apoyo médico, de asesoramiento y legal a las víctimas y sus familias y al mismo tiempo hacer más para sensibilizar a policías, funcionarios judiciales y profesionales médicos sobre cómo gestionar adecuadamente los casos de violencia sexual", ha defendido.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

El informe es resultado de una investigación y entrevistas llevadas a cabo por HRW en los estados de Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh y Rajastán, en los que se produce un elevado número de violaciones, así como en las ciudades de Nueva Delhi y Bombay. La ONG ha recogido 21 casos, entre ellos diez de menores de 18 años y realizado 65 entrevistas a víctimas, familiares, abogados, activistas, médicos, forenses, funcionarios y policías.

Aunque la legislación india pena con hasta 2 años de cárcel a los policías que no registren una denuncia por agresión sexual, HRW ha detectado que no siempre se inicia una investigación policial, especialmente si la víctima procede de una comunidad marginal, tanto social como económicamente.

Por otra parte, la falta de una ley de protección de testigos en el país hace que las supervivientes y los testigos de los hechos sean vulnerables a presiones, lo que lasta el procedimiento judical. Así, se han constatado por ejemplo presiones a familias dalit o de casta inferior para que no sigan adelante con sus denuncias o modifiquen sus testimonios si el acusado pertenece a una casta dominante.

En cuanto a la atención sanitaria que reciben las víctimas de violación, la legislación estipula que esta debe ser gratuita y debe ayudar a recabar posibles pruebas forenses. Además, el Ministrio de Salud elaboró en 2014 unas directrices a seguir en estos casos por los facultativos en las que se rechaza el uso del examen "con dos dedos" limitando los exámenes vaginales internos a "los médicamente indicados".

Sin embargo, dado que la sanidad está cedida a los estados, muchos no han adoptado estas directrices e incluso en los que lo han hecho son muchos los médicos que a menudo no las siguen. Tampoco se está ofreciendo a las víctimas la atención terapéutica y asesoramiento que requieren, como información sobre el acceso a abortos seguros y pruebas de enfermedades de transmisión sexual.

ACCESO A ASISTENCIA LEGAL

Para las víctimas pobres y de comunidades marginales el acceso a asistencia legal es otro obstáculo. Pese a que el Tribunal Supremo dictaminó en 1994 que la Policía debería dar a las víctimas de agresión sexual asistencia legal y mantener una lista de opciones de ayuda legal, pocas veces lo hace, ha lamentado HRW. En ninguno de los casos recogidos en el informe la Policía informó a la víctima de su derecho a asistencia legal o le ofreció opciones para ello.

Asismismo, ha denunciado HRW, algunos abogados defensores y jueces siguen empleando expresiones tendenciosas y despectivas hacia las víctimas. Según reconoce Rebecca Mammen John, abogada penalista en Nueva Delhi, "el intento de avergonzar a la víctima sigue estando muy presente en los tribunales".

El fondo central de compensación para las víctimas creado en 2015 y que estipula un mínimo de 300.000 rupias (cerca de 4 euros) para las víctimas de violación, también está demostrando ser ineficiente y, además de variar la cantidad en función del estado, las supervivientes tienen que esperar mucho tiempo para recibir esta cantidad o incluso no consiguen acceder al sistema. Solo en tres de los 21 casos analizados las víctimas recibieron una compensación.