HRW acusa a los municipios libaneses de desahuciar a más de 3.600 refugiados sirios

En su informe 'Nuestras casas no son para extranjeros': Desahucios masivos de refugiados sirios por municipios libaneses", la ONG ha documentado inconsistencias en las razones esgrimidas por los ayuntamientos para proceder a los desahucios así como de la ausencia de protección de los derechos de los refugiados por parte del Gobierno.

La ONU ha identificado 3.664 de estos desahucios entre 2016 y el primer trimestre de 2018 y HRW ha constatado que, pese a las alegaciones de las autoridades municipales de que obedecieron a infracciones de las normas municipales de vivienda, los únicos afectados han sido sirios.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha cifrado en unos 13.700 sirios los desahuciados en 2017, entre los que están no solo los desahuciados por los municipios, sino también los que han tenido que abandonar sus casas por no pagar el alquiler y por otras disputas con los propietarios, además de por motivos de "seguridad".

A su vez, el Ministerio de Asuntos Sociales ha indicado a la ONU que 7.524 sirios fueron desahuciados de los alrededores de la base aérea de Rayak en 2017 y otros 15.126 todavía están pendientes de las órdenes de desahucio.

"Los municipios no tienen ninguna justificación legítima para desahuciar a la fuerza a refugiados sirios si ello supone una discriminación religiosa o basada en la nacionalidad", ha sostenido el director para derechos de los refugiados de HRW, Bill Frelick. "Cualquier desahucio de un refugiado sirio, como de cualquiera, debería hacerse de forma individual tras los procedimientos adecuados", ha subrayado el autor del informe.

Según denuncia HRW, estos desahucios han hecho que los refugiados perdieran sus ingresos y propiedades, han afectado a la educación de sus hijos, obligándoles en algunos casos a tener que dejar la escuela. Además, algunos de los 57 sirios con los que ha hablado la ONG fueron desahuciados con violencia.

La ONG ha lamentado que las autoridades municipales no dieron ninguna oportunidad a los refugiados para contestar sus desahucios u otras protecciones de debido proceso en base a los estándares internacionales.

A su vez, los ministerios pertinentes del Gobierno libanés, incluido el de Interior y Municipios, deberían intervenir para evitar el maltrato a nivel municipal de los refugiados sirios y garantizar que no se quedan sin hogar como resultado de acciones ilegales, ha reclamado HRW.

Líbano acoge a un millón de refugiados sirios, la cifra per cápita más alta a nivel mundial. En 2017, la ONU solicitó más de 2.000 millones de dólares para cubrir las necesidades de los refugiados sirios en el país, pero solo recibió el 54 por ciento de estos fondos.