HRW denuncia la demolición de decenas de asentamientos informales de desplazados en Mogadiscio

La ONG ha indicado que el análisis de imágenes por satélite revela que entre el 29 de diciembre y el 19 de enero de este año fueron destruidos o desmantelados cerca de 3.000 edificaciones gracias al uso de maquinaria pesada.

El Gobierno de Somalia respondió el 17 de enero a las críticas de diversas ONG por la evacuación forzosa de miles de familias que estaban en 20 campamentos informales de desplazados a causa del conflicto y la sequía, asegurando que está investigando la situación.

Naciones Unidas y otras ONG han señalado que más de 4.000 familias --es decir, cerca de 20.000 personas-- vieron cómo sus viviendas eran demolidas el mes pasado en los asentamientos levantados en los alrededores de la capital.

Las demoliciones de las viviendas, ubicadas en terrenos privados, no fueron comunicadas previamente, y las autoridades no garantizaron tiempo a todas las familias para recuperar sus pertenencias antes de proceder a las mismas.

"Estamos muy preocupados respecto a los desalojos forzosos", dijo el ministro de Planificación, Inversiones y Desarrollo Económico, Gamal Hasán, asegurando que las autoridades investigan lo sucedido.

"Tenemos que asegurarnos de que investigamos y tenemos que asegurarnos de que sabemos qué pasó exactamente. Después publicaremos un informe para que se vea qué pasó y cómo pasó", indicó.

En este sentido, la investigadora de HRW para África Laetitia Bader ha recalcado que "el Gobierno somalí debe asumir la responsabilidades del desalojo forzoso y masivo de comunidades vulnerables y marginadas en Mogadiscio".

"Una investigación exhaustiva debe estar seguida de pasos concretos para garantizar que todas las evacuaciones futuras complen con la ley y que se da ayuda a todos los desplazados", ha agregado.

HRW ha entrevistado por teléfono a nueve de los desplazados afectados por las demoliciones, quienes han relatado que las fuerzas de seguridad actuaron sin aviso previo y recurriendo a amenazas.

"A primera hora del día, cuando me levanté, la Policía, el Ejército y los servicios de Inteligencia estaban ya en los alrededores de nuestro asentamiento", ha dicho una mujer de 56 años que residía en el campamento Nuurto 2.

"Llegaron desde la carretera y empezaron a demoler las estructuras. Un buldócer destruía las estructuras mientras otro apilaba los escombros", ha señalado.

Una segunda residente ha apuntado que "pidió al hombre que supervisaba las evacuaciones que al menos me dejara coger los huevos que había puesto mi gallina", recalcando que no se le dio permiso para ello.

"Las autoridades involucradas en los últimos desalojos en Mogadiscio violaron sus propias políticas", ha sostenido Bader, quien ha subrayado que "si las autoridades locales y federales necesitan mover a los desplazados, deben primero consultar a esas comunidades y poner en marcha un proyecto que garantice la seguridad y el acceso a la asistencia básica a estas personas".

MÁS DE DOS MILLONES DE DESPLAZADOS

Somalia, país en el que viven más de doce millones de personas, se ha visto azotado por una sequía sin precedentes a causa de las escasas lluvias durante cuatro temporadas consecutivas. Asimismo, está sacudido por el conflicto con la milicia islamista Al Shabaab, vinculada a la organización terrorista Al Qaeda.

La ONU ha manifestado que la sequía y la violencia ha forzado a más de dos millones de países a abandonar sus hogares, a menudo acudiendo a asentamientos informales en los alrededores de las ciudades.

En este sentido, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) apuntó la semana pasada que más de 2,4 millones de somalíes tienen graves necesidades alimentarias y 866.000 de ellas están ya en una situación de emergencia, a solo un paso del nivel de hambruna.

El número de personas con necesidades alimentarias duplicó en 2017 la media de los últimos cinco años y, en el caso de los somalíes en riesgo de hambruna, el dato se ha multiplicado por diez en solo doce meses.

La ONU ha advertido de que los desafíos aún persisten y ha subrayado que 1,2 millones de niños sufrirán malnutrición en 2018, entre ellos 232.000 cuya vida correrá peligro por un cuadro de malnutrición aguda severa.

La OCHA ha solicitado por ello 1.600 millones de dólares (unos 1.300 millones de euros) para proteger las vidas de 5,4 millones de somalíes en 2018, en el marco de unos esfuerzos que básicamente consisten en una extensión de los programas lanzados en 2017 para prevenir la hambruna.