HRW pide a la OEA que presione a Venezuela para investigar las torturas en las cárceles

"La OEA debería presionar al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para que las autoridades dispongan la liberación de todos aquellos que hayan sido detenidos y procesados arbitrariamente (...) e investigue las denuncias de que varios detenidos han sufrido golpizas y torturas mientras estuvieron bajo arresto", ha reclamado la ONG en un comunicado.

La organización humanitaria ha señalado como posible medida de presión la Carta Democrática de la OEA, cuya activación ha pedido el secretario general, Luis Almagro, por la ruptura del orden democrático en Venezuela, lo que permitiría suspender la membresía del país.

"Si Maduro pretende suspender el proceso de la Carta Democrática, que ya se ha iniciado, deberá demostrar resultados concretos y que su Gobierno está terminando con las prácticas abusivas", ha dicho el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.

Vivanco ha apuntado también al diálogo que los líderes regionales tratan de impulsar entre el Gobierno y la oposición para solucionar la crisis política en Venezuela, indicando que, como requisito previo, la OEA debería exigir el fin de "la represión a la disidencia".

La ONG ha subrayado la importancia de que la OEA intervenga en la crisis venezolana porque, "a menos que se ejerza una enérgica presión regional, el Gobierno seguirá creyendo que puede continuar castigando brutal y autoritariamente a la disidencia sin que haya consecuencias".

DENUNCIAS DE TORTURAS

HRW ha indicado que "desde mayo de 2016 el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional han detenido a 21 personas argumentando que habrían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el Gobierno".

"La mayoría de los detenidos eran activistas que señalaron que solamente habían participado en protestas y actividades políticas, como pedir la liberación de presos políticos o apoyar el referéndum revocatorio sobre la Presidencia de Nicolás Maduro", ha sostenido.

La Fiscalía aseguró que fueron detenidos "mientras preparaban actos de violencia", pero "no aportó pruebas creíbles para justificar estos señalamientos". "Entre las pruebas se incluyó una mochila con el logotipo del partido opositor Primero Justicia", ha detallado HRW.

Los 19 detenidos que finalmente fueron llevados ante la Justicia "tuvieron la posibilidad de contactar a un abogado pocos minutos antes de la audiencia con el juez, lo cual en la mayoría de los casos sucedió después de transcurrido el plazo máximo legal de 48 horas establecido por el derecho venezolano, según familiares y abogados".

"La mayoría afirman haber sido torturados o sufrido otros abusos mientras estuvieron bajo custodia", como el estudiante José Gregorio Hernández, de 20 años de edad, que "aceptó firmar una declaración después de que amenazaran con violarlo".

A ello se suma que "desde junio el Gobierno habría despedido a decenas de trabajadores del Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria como represalia por apoyar el referéndum revocatorio". "Cientos de personas más habrían sido despedidas de otras oficinas públicas en circunstancias similares", ha apuntado.