HRW exige a a Irán que dejen de castigar a las mujeres por protestar contra el código de vestimenta

Nargess Hosseini fue arrestada el 29 de enero mientras se quitaba el pañuelo en la cabeza para protestar contra el hiyab obligatorio en Irán. Su imagen, alzada sobre una caja eléctrica en plena calle de Tehrán en medio de un grupo de hombres que intentaban bajarla por la fuerza, dio la vuelta al mundo. Su caso se une a los de Azam Jangravi arrestada el 14 de febrero y Shaparak Shajarizadeh arrestada el 21 de febrero en circunstancias similares. Hosseini y Jangravi fueron liberadas bajo fianza, pero Shajarizadeh sigue detenida.

"Durante décadas, las autoridades iraníes han impuesto un código de vestimenta obligatorio a las mujeres; uno que viola su libertad básica para expresarse y restringe el acceso a oportunidades económicas y sociales para cualquiera que se niegue", ha lamentado Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch.

"Ahora, cuando las mujeres protestan pacíficamente por un código de vestimenta discriminatorio, las autoridades aumentan sus fechorías al arrestarlas", ha añadido.

La ola más reciente de protestas contra el hiyab obligatorio comenzó el 27 de diciembre de 2017, cuando circularon en las redes sociales fotos de una mujer que se había quitado y se había llevado el pañuelo en la cabeza en la calle Enghelab (Revolución) en Teherán.

Nasrine Sotoudeh, una destacada abogada de Derechos Humanos, escribió en su página de Facebook el 21 de enero que las autoridades habían arrestado a la mujer el 27 de diciembre. Las publicaciones en los medios sociales pronto la llamaron la "Chica de la calle de la revolución". El 28 de enero, Sotoudeh confirmó en una publicación de Facebook que la mujer había sido liberada bajo fianza.

Desde entonces, docenas de las "Chicas de la calle Revolución" se han quitado el pañuelo con el mismo gesto: erguidas sobre eléctricas de todo el país.

El 29 de enero, Hosseini, de 32 años, fue arrestada inmediatamente y trasladada a la prisión de Qarchak en Teherán. Sotoudeh, que representa a Hosseini, dijo que enfrenta cargos de "cometer abiertamente un acto pecaminoso", "violar la prudencia pública" y "alentar la inmoralidad o la prostitución".

Según el artículo 639 del código penal iraní, fomentar la inmoralidad o la prostitución puede conllevar una sentencia de entre 1 y 10 años de prisión. El 17 de febrero, las autoridades liberaron a Hosseini bajo fianza. Su juicio está programado para el 24 de febrero.

El 22 de febrero, Sotoudeh declaró a RadioFarda que las autoridades habían detenido y golpeado a Shajarizadeh. El mismo día, se publicó un video en Twitter que mostraba a un oficial de Policía empujando violentamente a una mujer que no llevaba un pañuelo en la cabeza. Según los informes, Jangravi también ha sido liberada y está a la espera de juicio.

El 1 de febrero, Ilna, la agencia iraní de noticias laborales, informó de que, según la Policía de Teherán, 29 personas habían sido arrestadas en un esfuerzo por combatir la "campaña de desvelamiento de Masih Alinejad", una activista de los derechos de las mujeres iraníes que vive fuera del país y ha hecho campaña contra el hiyab obligatorio de Irán desde 2014.

Hosseini y Jangravi han declarado en entrevistas con los medios o en las redes sociales que decidieron de forma independiente participar en una protesta pacífica para desafiar las leyes obligatorias de Irán sobre el hiyab.

Irán tiene una larga historia de imponer reglas sobre lo que las mujeres pueden y no pueden usar, violando sus derechos fundamentales. En la década de 1930, el entonces gobernante, Reza Shah, prohibió a las mujeres usar el hiyab, y se ordenó a la Policía que se quitara a la fuerza el pañuelo de la cabeza de las mujeres que las usaban. Después de la Revolución iraní en 1979, a principios de los años ochenta, las autoridades iraníes impusieron un código de vestimenta obligatorio que requería que todas las mujeres usaran el hiyab.

En mayo de 2017, Human Rights Watch documentó amplitud de casos en los que se discriminaba a las mujeres cuando solicitaban un empleo o en el lugar de trabajo, en función de su elección de vestimenta.

La aplicación de un código de vestimenta obligatorio para las mujeres en Irán viola sus derechos a la vida privada, la autonomía personal y la libertad de expresión, así como a la libertad de religión, pensamiento y conciencia, según Human Rights Watch. También es una forma de discriminación de género prohibida por el derecho Internacional.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Irán, garantiza el derecho de las personas a la libertad de expresión, a la privacidad y a la libertad de religión. Varios expertos independientes de Naciones Unidas han criticado las normas que requieren el uso de vestimenta religiosa en público.

Asma Jahangir, antigua relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, ha manifestado "el uso de métodos coercitivos y sanciones aplicadas a personas que no desean usar ropa religiosa o un símbolo específico visto como sancionado por la religión" indica "acciones legislativas y administrativas que generalmente son incompatibles con las leyes internacionales de los derechos humanos".