HRW denuncia que una nueva ley en Bangladesh impone graves restricciones contra la libertad de las ONG

La normativa, denominada como Ley de Regulación de Donaciones Extranjeras (FDRB, por sus siglas en inglés), entró en vigor el pasado 13 de octubre. De acuerdo con el informe de HRW, la nueva legislación requiere que todas aquellas organizaciones no gubernamentales que estén financiadas por donantes extranjeros tengan que entregar de forma periódica un informe con todas sus actividades a una comisión gubernamental.

Dicha comisión, la Oficina de Asuntos para las ONG, tendrá autoridad para aprobar o rechazar las propuestas de las organizaciones humanitarias a su antojo, ya que la legislación no deja claro cuáles serán los requisitos que utilizará la comisión. Por otra parte, para que puedan actuar dentro de Bangladesh, todas las ONG tendrán que registrarse en la oficina, que puede rechazar a cualquier organización si lo considera conveniente.

"La Ley de Donaciones Extranjeras es una iniciativa alarmante impuesta por un gobierno represivo que pretende subyugar a la sociedad civil", ha denunciado Brad Adams, director de Asia en HRW. "El Gobierno alega que está comprometido con la libertad de expresión y con el pluralismo, pero luego aprueba una ley de la que un régimen autoritario estaría orgulloso", ha apuntado.

La ley otorga a la comisión la autoridad necesaria para revisar y cancelar cualquier tipo de propuesta hecha por una ONG y exige que cualquier trabajador humanitario relacionado con uno de estos proyectos que quiera viajar fuera del país deba solicitar una aprobación gubernamental.

Por otro lado, someterá a todas las organizaciones humanitarias a inspecciones mensuales e impondrá graves sanciones a las ONG en el caso de que no cumplan con alguna de las disposiciones de la nueva legislación. Pueden ser castigadas con multas de gran calibre, acciones disciplinarias e incluso con la cancelación irrevocable de su registro en la Oficina de Asuntos de las ONG.

Uno de los elementos más polémicos de la nueva legislación, según han criticado desde HRW, es que cualquier organización humanitaria o de Derechos Humanos que haga comentarios "contrarios" o "peyorativos" de la Constitución bangladeshí puede sufrir una cancelación de su registro, por lo que dejaría de poder llevar a cabo sus actividades en el país.

"Estos términos son muy ambiguos y podrían ser utilizados para limitar cualquier tipo de críticas contra el Gobierno", ha denunciado HRW en su comunicado. "La ley forma parte de un ataque constante contra la sociedad civil en Bangladesh", ha añadido la organización.

De acuerdo con HRW, este miércoles, Suranjit Sengupta, un alto cargo del partido en el poder, la Liga Awami, declaró que las organizaciones no gubernamentales "no tienen derecho a la libertad de expresión". El Centro Internacional para la Ley Sin Fines de Lucro ya ha denunciado en numerosas ocasiones que las ONG en Bangladesh sufren el acoso de la burocracia en el país.