HRW acusa a Bahréin de reprimir a líderes religiosos de la comunidad chií del país

"Las autoridades de Bahréin han empezado a quedarse sin defensores de los Derechos Humanos y activistas políticos a los que encarcelar o exiliar, así que están actuando contra los líderes religiosos de la comunidad chií", ha lamentado el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Joe Stork.

"Bahréin parece estar alimentando las llamas del sectarismo de forma voluntaria e imprudente, al tiempo que quita de la escena a las voces moderadas", ha agregado.

Las palabras de Stork llegan apenas unos días después de que las autoridades condenaran a un año de cárcel al jeque Alí Humaidan por "reunión ilegal" tras participar en varias manifestaciones pacíficas en la localidad de Diraz.

La manifestación fue convocada después de que el Gobierno anunciara en junio su decisión de retirar la ciudadanía al jeque Isa Qasim, considerado como líder espiritual del principal partido opositor del país, Al Wefaq, después de disolver el partido.

Fuentes locales citadas por HRW han apuntado además que las autoridades han interrogado o presentado cargos contra un total de 56 clérigos chiíes desde el mes de junio, si bien este extremo no ha podido ser confirmado por la organización.

"Estas persecuciones e interrogatorios a clérigos son la última fase de una campaña sistemática para acabar con el disenso y las protestas en Bahréin", ha valorado Stork.

Por último, ha destacado que "actuar contra los líderes religiosos de la comunidad chií en un momento en el que la región hace frente a la violencia sectaria es una táctica peligrosa e irresponsable que los aliados de Bahréin, y Estados Unidos y Reino Unido en particular, deben condenar con dureza".

CONTEXTO POLÍTICO

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante los dos últimos años las protestas pro democráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), HRW o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.