Gobierno y FARC firman este jueves un acuerdo de paz que sigue sin convencer

El Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se disponen este jueves a rubricar un nuevo acuerdo de paz que, pese a los ajustes sufridos en el último mes, sigue sin convencer a los más críticos.

La firma solemne tendrá lugar a las 11.00 (17.00 en la España peninsular) en el Teatro Colón de Bogotá. Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', serán los encargados de sellar el nuevo acuerdo.

Esta vez, pese a lo histórico de la ocasión, imperará la sobriedad, a diferencia del 26 de septiembre, cuando, Santos y 'Timochenko' estamparon sus firmas con un 'balígrafo' arropados por la comunidad internacional en Cartagena de Indias.

El actual clima político en Colombia obliga a esta contención porque el nuevo acuerdo alumbrado por el Gobierno y las FARC, después de un mes de intensas negociaciones a medio camino entre La Habana y Bogotá, todavía no contenta a un importante sector.

Los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana siguen oponiéndose a un acuerdo de paz que interpretan como un pacto entre "amigos" para acabar con la guerra a costa de la "democracia" y el futuro desarrollo económico de Colombia.

Esta firma amenaza así con convertirse en un nuevo acto simbólico, a la espera de que el texto enmendado recorra el largo camino que le queda hasta cobrar vigencia y garantizar su supervivencia ante un eventual cambio de Gobierno en 2018.

LA SORPRESA DEL 'NO'

Los colombianos han asistido estos meses a un sinfín de momentos históricos que comenzaron el 23 de junio, con el anuncio del "fin del conflicto", y culminaron el 24 de agosto, cuando los negociadores de Gobierno y FARC anunciaron al mundo que había acuerdo.

Ese día ambos creyeron que estaban firmando el final de una guerra que ha desangrado por completo a Colombia --así lo atestiguan cerca de ocho millones de víctimas--, pero aún faltaba un último filtro: el plebiscito al que Santos se había comprometido.

El 2 de octubre solo 13 de los 35 millones de colombianos habilitados acudieron a las urnas para expresar su opinión sobre el acuerdo de paz negociado los últimos cuatro años en La Habana. El 50,21 por ciento dijo 'no' y el borrador quedó invalidado por 53.894 votos.

Este resultado llenó de incertidumbre el proceso de paz en Colombia porque ninguna de las partes, ni siquiera quienes habían defendido el 'no', se esperaban que los colombianos frustraran una oportunidad única para acabar con la contienda más antigua del hemisferios occidental.

Tocaba improvisar. Gobierno y FARC accedieron a sentarse otra vez a la mesa de negociaciones, donde analizaron más de 500 propuestas formuladas por líderes políticos, sociales y religiosos y grupos de víctimas para intentar integrarlas en el nuevo texto.

El 12 de noviembre, después de "interminables sesiones de trabajo", las delegaciones de paz lograron cerrar un acuerdo modificado que, según han defendido las partes, incluye cambios en "temas fundamentales" sin traicionar el espíritu de la versión original.

"Hoy, con humildad, reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas críticas e insatisfacciones", dijo el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. "Ha sido fabricado en un ejercicio leal de democracia y diálogo sincero", destacó.

EL NUEVO ACUERDO

Los ajustes se centran en los apartados de justicia transicional, participación política, reforma agraria y narcotráfico, los principales caballos de batalla de la campaña por el 'no', y sobre los que había escaso margen de negociación con las FARC.

El nuevo acuerdo presenta cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar a todos los responsables de las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas con motivo de la guerra, pero lejos de las altas aspiraciones del 'no'.

Las partes han accedido a limitar a diez años el funcionamiento de la JEP; a reservar su ejercicio a los jueces colombianos --si bien los juristas internacionales podrán participar como 'amicus curiae'--; y a especificar dónde y cómo deberán cumplirse las penas.

Sin embargo, se mantienen los tres tipos de sanción: entre cinco y ocho años de restricción de libertades y derechos para quienes aporten verdad; entre cinco y ocho años de privación de libertad para quienes admitan su culpa tardíamente; y hasta 20 años de cárcel para quienes se nieguen a confesar.

Sobre el delito de narcotráfico, las partes han indicado explícitamente que su calificación como conexo a los delitos políticos, y por tanto amnistiable, se decidirá "caso por caso", con la obligación para los procesados de "entregar información detallada para que se puedan establecer responsabilidades".

Uribe y Pastrana habían reclamado que en el mismo documento se calificara al delito de narcotráfico como no conexo para evitar que los crímenes relacionados con el tráfico de drogas quedaran impunes gracias al acuerdo de paz.

En cuanto a la participación política, "se ha excluido explícitamente a las FARC de la posibilidad de presentar candidatos en las circunscripciones especiales para la paz" y se ha reducido la financiación del partido que surja de la guerrilla.

Pero las FARC tendrán garantizada una representación mínima de cinco senadores y cinco diputados durante los próximos dos períodos electorales y, hasta entonces, contarán con tres portavoces en el Senado y otros tres en la Cámara de Representantes para participar "exclusivamente" en los trámites relacionados con el acuerdo de paz.

La mayor victoria de los partidarios del 'no' ha sido en el punto sobre desarrollo agrario y rural, porque han obligado a las partes a garantizar el derecho a la propiedad privada e incluir a la industria "como parte de las soluciones para el desarrollo del campo".

En la otra cara de la moneda, el 'uribismo' no ha conseguido que el acuerdo de paz quede excluido del llamado bloque constitucional. Gobierno y FARC quieren dar al texto la protección de la Carta Magna para blindarlo frente a futuros cambios políticos.

BATALLA EN EL CONGRESO

Santos ya ha anunciado que tanto la refrendación como la implementación de este segundo borrador se hará a través del Congreso, donde cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados, con 99 de los 166 escaños, y en el Senado, aunque más ajustada, con 52 de 102 asientos.

A pesar de la hegemonía gubernamental en el Parlamento, Santos se ha propuesto lograr un apoyo más amplio y ha convocado una cumbre urgente de partidos. "La idea es consolidar una mayoría que dé legitimidad al nuevo acuerdo", ha explicado el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo.

Desde Centro Democrático, el partido de Uribe, han avanzado su 'no' y han propuesto celebrar unas elecciones legislativas antes de que el Congreso inicie los trámites sobre el texto enmendado, "para que los colombianos puedan elegir realmente congresistas que los representen".

El Gobierno y las FARC han alertado a los defensores del 'no' de que el tiempo para aprovechar esta oportunidad histórica se agota. Prueba de ello es la fragilidad de la tregua: el 15 de noviembre se produjo la primera violación con la muerte de dos guerrilleros abatidos por el Ejército.

"Hacemos un llamado patriótico y sincero a los colombianos, a aquellos que votaron 'sí', a los que votaron 'no' y a aquellos que no participaron en el plebiscito: Llegó la hora de avanzar. Llegó la hora de unirnos alrededor de este nuevo acuerdo (...) para la consolidación del fin del conflicto y la construcción de la paz", ha pedido De la Calle.

Santos considera que, pese a lo crítico del momento, "hay amplias razones para tener esperanza". "Todos los colombianos quieren vivir en una nación donde los vestigios de la guerra sean sólo eso: reliquias del pasado", ha confiado.