La Fiscalía peruana interrogó al expresidente Alan García a petición de la justicia brasileña por caso Odebrecht

"El Ministerio Público peruano (Fiscalía) ha cooperado con las autoridades brasileñas, pues, fiscales del Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios intervinieron en las declaraciones de Alan García y Jorge Del Castillo solicitadas por las autoridades del Ministerio Público brasileño, vía cooperación judicial internacional", ha informado la Fiscalía peruana en un comunicado recogido por el diario.

Según fuentes judiciales citadas por 'La República', García y Del Castillo fueron interrogados en febrero, por lo que el suceso pasó desapercibido en plena campaña electoral.

Ambos respondieron a un interrogatorio preparado por los fiscales del caso Lava Jato sobre las inversiones de empresas constructoras brasileñas en Perú y sus vínculos con el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva.

LOS SOBORNOS DE ODERBRECHT, EN EL MARCO DEL CASO LAVA JATO

El acuerdo al que la constructora brasileña Odebrecht llegó este jueves con varios países para admitir sobornos a funcionarios por la adjudicación de contratos públicos y pagar una multa millonaria a cambio de la retirada de los cargos ha propiciado el inicio de investigaciones por corrupción en gran parte de América Latina.

Odebrecht y la petroquímica brasileña Braskem han llegado a un acuerdo en el que admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Este acuerdo se enmarca en las investigaciones estadounidenses por el caso 'Lava Jato', en el que las autoridades brasileñas indagan en una red de pago y cobro de sobornos a políticos de distinto signo para lograr contratos de la petrolera estatal, Petrobras.

La empresa constructora ha reconocido el pagó más de 2.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos brasileños y otros 439 millones de dólares en otros países de la región, siendo Venezuela, Panamá y República Dominicana los más afectados.