La Fiscalía de Ecuador ultima un acuerdo con Odebrecht

"Estamos avanzando en ese acuerdo, que esperemos lo podamos cerrar pronto y acceder de esta manera a la información que ellos tienen", ha dicho el jefe del Ministerio Público en una entrevista concedida este jueves a la cadena local Ecuavisa.

Las autoridades ecuatorianas han exigido a Odebrecht "que entregue los nombres, las cuentas, los contratos, la trazabilidad de ese dinero para poder perseguir las infracciones" cometidas por miembros de la Administración Pública.

Chiriboga ha insistido en que los sobornos que Odebrecht pagó para conseguir contratos públicos "tienen que ser devueltos al Estado ecuatoriano". Se calcula que unos 33,5 millones de dólares habrían ido a parar a manos de funcionarios.

El Gobierno de Rafael Correa echó a Odebrecht de Ecuador en 2008 por irregularidades en la construcción de una central hidroeléctrica, pero dos años después volvió a la nación andina tras alcanzar un acuerdo que incluyó el pago de una indemnización.

Las autoridades investigan 30 contratos públicos adjudicados a Odebrecht desde entonces y han suspendido los pagos pendientes por valor de 40 millones de dólares, además de prohibir la celebración de nuevos negocios con la constructora brasileña.

CASO ODEBRECHT

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Este acuerdo se enmarca en las investigaciones estadounidenses por el caso 'Lava Jato', en el que las autoridades brasileñas indagan en una red de pago y cobro de sobornos a políticos de distinto signo para lograr contratos de la petrolera estatal, Petrobras.

Odebrecht ha reconocido el pago más de 2.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos brasileños y otros 439 millones de dólares en otros países de la región, lo que ha impulsado investigaciones en varios estados.