El Senado paraguayo aprueba la destitución de su presidente

La Cámara de Diputados para iniciar un juicio político contra el presidente paraguayo, Fernando Lugo, ha presentado un pliego con cinco actuaciones puntuales, entre las que se incluye la matanza de Curuguaty, por las que se pide también un proceso penal.

El mandatario ha aclarado que se someterá a un juicio político, pero que no dimitirá.

Los diputados han pedido enjuiciar a Lugo, en primer lugar, por los enfrentamientos que se produjeron hace una semana entre campesinos y policías en la localidad de Curuguaty, ubicada en el departamento de Canindeyú (sureste), que se saldaron con la muerte de once campesinos y seis policías.

Los disturbios comenzaron cuando los uniformados irrumpieron en la finca Morumbí, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme, para desalojar al centenar de campesinos que desde hacía tres semanas ocupaban la finca para protestar por la escasez de tierras agrícolas.

El diputado Óscar Tuma argumenta que la pérdida de vidas se debió a la "incompetencia" de Lugo. "Desde que ejerce la Presidencia, ha permitido la violación del derecho de propiedad y el odio entre clases sociales", ha sostenido.

Además, ha aseverado que "hay evidencias que demuestran que fue un acto premeditado, gracias a la actitud cómplice (de Lugo), por lo que no solo debe ser enjuiciado políticamente, también penalmente".

A ello el diputado Carlos Liseras añade que Lugo y varios de sus ministros, "mantienen en la Policía a cuestionados agentes, pese a su actuación en la matanza de Curuguaty, entre ellos el comandante Arnaldo Sanabria Morán, considerado uno de los responsables".

Los diputados mencionan también las operaciones de seguridad llevadas a cabo en los departamentos de San Pedro y Concepción contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los legisladores reconocen que "nunca en la historia hubo tantas víctimas del EPP", pero matizan que, "a pesar de ello, su conducta fue inalterable".

En tercer lugar, el diputado Jorge Ávalos Marín recuerda la invasión de tierras en la localidad de Ñacunday por parte de campesinos. En su opinión, el Gobierno "utilizó a las Fuerzas Armadas para generar un estado de pánico".

Asímismo, el legislador José López Chávez, señala la autorización dada por el presidente a un grupo de jóvenes, liderados por el ex ministro de Acción Social Camilo Soares, para ocupar el Comando de Ingeniería. "Las Fuerzas Armadas fueron humilladas, porque se utilizaron banderas con alusiones políticas", denuncia.

En último término, critican la firma del Protocolo de Usuaia II, que autoriza a los países del Mercados Común del Sur (MERCOSUR) a bloquear a los países en los que se registren amenazas contra el orden democrático, al considerar que "constituye un atentado contra la soberanía de Paraguay".

"La firma del protocolo permite cortar el suministro de energía a Paraguay y el cierre de fronteras. Ello violenta los principios comerciales y atenta contra los pueblos. Muestra un claro perfil autoritario", sostienen, según informa el diario paraguayo 'La Nación'.