Expresidentes iberoamericanos denuncian "graves alteraciones" del "orden democrático" en Venezuela y Nicaragua

"Hacemos constar nuestra preocupación y elevamos nuestra palabra de alerta ante la opinión pública internacional, los distintos gobiernos de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, por las alteraciones graves que hoy sufren los ordenamientos constitucionales y democráticos de Nicaragua y Venezuela", han dicho en una declaración conjunta.

En el caso de Venezuela, han aludido al enfrentamiento que mantiene el Gobierno de Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional desde que la MUD --coalición opositora-- ganara las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, por primera vez en 16 años.

"Irrespeta el instituto democrático de la inmunidad de los diputados, manteniéndoles bajo acoso permanente de las autoridades judiciales, militares y policiales", han señalado los exmandatarios.

También han recordado la intención del Gobierno de "ilegalizar a la MUD" cuando ésta intenta celebrar un referéndum revocatorio contra Maduro, en ejercicio de "un derecho humano y político constitucionalmente tutelado".

"Paralelamente, el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, aliado político del presidente venezolano, transita la misma línea de comportamiento", han sostenido, llamando la atención sobre "varios hechos alarmantes".

Han apuntado a la destitución de 28 diputados del Partido de Liberación Independiente (PLI) por no obedecer las órdenes del nuevo líder designado por el Poder Electoral tras expulsar a Eduardo Montealegre, que hasta entonces dirigía la formación opositora.

"Ocurre, así, junto al atentado de la separación de poderes --elemento esencial de la democracia--, una desfiguración abierta del principio democrático de elecciones auténticas, con vistas a los comicios presidenciales que habrán de celebrarse el venidero mes de noviembre y al quedar neutralizada la principal fuerza opositora", han afirmado.

Por todo ello, los miembros de IDEA han pedido a la OEA y a la UE "mantener su vigilancia crítica frente a estas graves alteraciones al orden democrático y constitucional", así como "disponer los medios necesarios y efectivos para la normalización de la democracia en dichos países".

"La democracia también exige del ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, es decir, sin fraude a la ley o alteración del principio democrático inexcusable que manda medios legítimos para fines legítimos y viceversa", han concluido.