La Eurocámara exige a Polonia que cumpla exigencias de Bruselas para garantizar el Estado de Derecho

Los eurodiputados han exigido que Varsovia cumpla antes de que concluya el plazo de tres meses que le dio la Comisión Europea el pasado 27 de julio y logre un compromiso entre todas las fuerzas parlamentarias para ello y han recordado que Polonia ha ratificado en referéndum en 2003 los valores sobre los que se fundamenta la Unión, como el respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales.

En el texto, los eurodiputados advierten que la parálisis del Tribunal Constitucional y el rechazo del Gobierno polaco a publicar sus sentencias ponen en peligro el Estado de Derecho y la democracia en el país y ha manifestado preocupación por otros proyectos legislativos polémicos en el país que afectan a la independencia e imparcialidad de los medios de comunicación públicos, el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a la privacidad, los derechos procesales, incluido el derecho a un juicio justo y la imparcialidad política de la Administración, así como los derechos humanos.

El Ejecutivo comunitario dio a finales de julio el segundo paso en el proceso abierto en enero contra Polonia por vulnerar el Estado de Derecho -que podría en última instancia llevar a la suspensión de su derecho de voto en la UE al final del proceso si no cumple-- con la adopción de recomendaciones concretas para responder a sus preocupaciones por su polémica reforma que recorta los poderes del Tribunal Constitucional tras considerar insuficientes los últimos cambios introducidos y le dio tres meses para cumplir.

Entre otros, Bruselas reclamó que las autoridades polacas ejecuten y publiquen las sentencias del Tribunal Constitucional y que los tres jueces nombrados de forma ilegítima por el Parlamento anterior no asuman su función, que cualquier reforma del tribunal respete sus sentencias y tengan en cuenta la opinión de la Comisión de Venecia, así como que el tribunal pueda revisar la compatibilidad de la nueva ley aprobada el 22 de julio sobre su funcionamiento antes de su entrada en vigor.