Etiopía advierte a la población contra participar en la campaña de boicot convocada en Oromia
EUROPA PRESS
05/03/201814:55 h.El Puesto de Mando --el organismo que supervisa la ley marcial-- ha resaltado que la convocatoria es "ilegal" y ha agregado que "está destinada a afectar las actividades pacíficas aterrorizando a los ciudadanos".
Según las informaciones recogidas por la emisora estatal Fana BC, ha pedido a la población "que continúe con sus actividades diarias habituales sin miedo", al tiempo que ha recalcado que la legislación "prohíbe impedir los servicios de transporte, el libre movimiento de las personas y el cierre de centros comerciales y tiendas".
"Asimismo, prohíbe faltar al trabajo sin motivos suficientes, desaparecer del trabajo, hacer huelga y trabajar por debajo de las posibilidades", ha señalado el Puesto de Mando.
Tiendas y mercados han cerrado y los transportes se han visto paralizados en la región de Oromia a raíz del llamamiento al boicot, tal y como ha informado la cadena de televisión británica.
Las protestas tienen lugar días después de que el Parlamento ratificara el estado de emergencia impuesto después de que el primer ministro del país, Hailemariam Desalegn, anunciara su renuncia, si bien algunos votos en contra de la medida pusieron de manifiesto disputas en las filas de la coalición gobernante.
El estado de emergencia prohíbe las protestas y restringe las publicaciones que se considera que incitan a la violencia. La medida fue impuesta el 16 de febrero, un día después de la renuncia por sorpresa de Desalegn, la primera de un jefe de Gobierno en la historia moderna de Etiopía.
El Gobierno ha tratado de aplacar el creciente enfado entre los dos mayores grupos étnicos del país, los oromo y los amhara, que se quejan de estar infrarrepresentados en el poder y que han protagonizado en los últimos años protestas que se han saldado con cientos de muertos.
Los oromo se quejan de que tienen una influencia marginal en la coalición gobernante, que denuncian que está dominada por el Frente para la Liberación del Pueblo Tigray, de la región del mismo nombre, en el norte del país.
Desde enero, el Gobierno ha intentado rebajar las tensiones con la liberación de más de 6.000 prisioneros, entre ellos algunos destacados opositores, muchos de los cuales fueron detenidos durante las protestas y algunos estaban acusados de cargos de terrorismo.
Algunos diputados oromo que votaron en contra del estado de emergencia han pedido aclaraciones sobre su aplicación, argumentando que podrían producirse violaciones de los Derechos Humanos. Se espera que la cúpula de la coalición gobernante anuncie al sucesor de Desalegn durante esta semana.