El Salvador no extraditará a los acusados del crímen de los jesuitas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha decidido este jueves --por diez votos a favor y dos en contra-- que no detendrá ni extraditará a los nueve militares reclamados por España por su implicación en la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989 durante la guerra civil en el país.

Así, la Corte ha permitido a los militares, que actualmente se encontraban alojados en la Brigada Especial de Seguridad Militar, salir del recinto y gozar de libertad sin restricciones, según ha informado el diario salvadoreño 'La Prensa Gráfica'.

La CSJ ha agregado que para poder proceder a la captura se necesita que el Gobierno español o el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envíen al Estado salvadoreño una solicitud explícita de captura con fines de extradición. Una vez llegue el documento, la Corte volvería a reunirse para analizar la petición, según ha informado 'El diario de hoy'.

La Corte ha ordenado a la Policía Nacional Civil que no capture a los militares y ha recalcado que la orden de captura de difusión roja emitida por la Interpol a principios de este mes no supone la detención con fines de extradición. "La difusión roja sólo es una orden de localización, no de captura", ha explicado el magistrado de la Sala de lo Civil Mario Valdivieso.

Asimismo, la Sala de lo Constitucional de la CSJ ha decidido rechazar los tres recursos de 'habeas corpus' presentados por la defensa de los militares. Todos los recursos han sido declarados inadmisibles por motivos de forma y fondo, lo que no impide que otros sean presentados en el futuro, ha informado el presidente de la CSJ, Belarmino Jaime.

Los ex militares requeridos por España son Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Ayala Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.

RECHAZARON LA EXTRADICIÓN

Los nueve militares rechazaron este mismo mes ser extraditados a España alegando que desconocen la jurisdicción de la Audiencia Nacional española sobre el caso.

"Rechazamos categóricamente las acusaciones que se nos pretenden imputar en la querella presentada en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España, sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado que nos tocó vivir", señalaron los ex oficiales a través de un comunicado.

Todos ellos se entregaron el pasado 7 de agosto ante el Ministerio de Defensa de El Salvador tras conocer la orden de captura de difusión roja emitida por la Interpol.

La masacre ocurrió el 16 de noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl atacaron la sede de la Universidad Centroamericana y asesinaron a los sacerdotes antes mencionados y a dos mujeres, entre ellas, una adolescente de 16 años. Diez uniformados fueron condenados en 1991 por este hecho, pero dos años más tarde quedaron en libertad gracias a una ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil (1980-1992).