Ocho de las diez gobernaciones votan a favor del borrador de la Constitución en Egipto

El 56,5 por ciento (casi 4,6 millones de egipcios) ha respaldado la Carta Magna redactada por la Asamblea Constituyente egipcia, donde los islamistas son mayoría, y un 43,5 por ciento (3,5 millones) la ha rechazado, de acuerdo con los resultados definitivos.

Las dos únicas gobernaciones que han votado en contra del texto han sido Gharbia, en el norte, donde el 52 por ciento ha desaprobado el borrador, frente al 48 por ciento que lo ha apoyado y El Cairo, donde el 57 se ha opuesto, con un margen de cerca de 300.000 votos.

En el resto de gobernaciones, el 55,6 por ciento ha votado a favor del texto constitucional en Alejandría (norte), el 79 en Sohag (este), el 55,1 en Dakahlia (noreste), el 65,7 en Sharkia (noreste), el 76,4 en Aswan (sur), el 78,1 en el Sinaí del Norte (noreste), el 64 en el Sinaí del Sur (sureste) y el 76,1 por ciento en la gobernación de Asyut (centro).

Precisamente donde el presidente egipcio, Mohamed Mursi venció en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las gobernaciones de Aswan y Sohag, el 'sí' ha cosechado un amplio reslpado.

Proceso

La votación se completará el próximo sábado, 22 de diciembre, en las 17 gobernaciones restantes. La Comisión Electoral Suprema ha ampliado hasta las 23.00 horas (22.00 horas en la España peninsular) y ha señalado que la participación habría rebasado el 50 por ciento.

Esta cita con las urnas fue propuesta por Mursi a comienzos de este mes, en respuesta a las denuncias de la oposición y a los disturbios que se generaron a raíz de su anuncio.

Mursi, sin embargo, no ha cedido a las peticiones de las formaciones opositoras de aplazar la celebración del referéndum, que no ha sido supervisado finalmente por los jueces egipcios.

Los magistrados recriminan a Mursi la imposición de un decreto que blinda su gestión y la de la Asamblea Nacional, también predominantemente islamista, que anula a efectos legales cualquier acción de los tribunales egipcios contra el Gobierno y responsabiliza al presidente del nombramiento del fiscal general del Estado.