Delcy Rodríguez: "Considerar a Venezuela una amenaza sólo tiene asidero en la arrogancia de EEUU"

"El Gobierno venezolano rechaza categóricamente la renovación de la emergencia nacional que sustenta la orden ejecutiva contra Venezuela declarada por el presidente de Estados Unidos", ha señalado la canciller a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

Venezuela ha criticado esta medida desde que fue impuesta en 2015, y posteriormente extendida un año más en 2016. Rodríguez ha asegurado que esta "agresión" forma parte del "legado de odio y violaciones graves a la legalidad internacional" de Obama durante su mandato, que expira el próximo 20 de enero.

"Venezuela exige nuevamente que se atienda el clamor de los países del mundo que han solicitado expresamente derogar la bárbara orden ejecutiva", ha instado la ministra, subrayando que "considerar a Venezuela una amenaza para los Estados Unidos sólo tiene asidero en la arrogancia e irracionalidad imperial que ha caracterizado al presidente".

La decisión de Obama, tomada a tan solo una semana de abandonar la Casa Blanca, ha sido anunciada a través de un comunicado en el que explica que Venezuela no ha avanzado en la mejora de las garantías de los Derechos Humanos y que ha continuado la "persecución de opositores políticos".

Precisamente esta misma semana ha sido detenido el diputado de Voluntad Popular Gilber Caro, a quien el vicepresidente del país, Tareck El Aissami, ha acusado de urdir un "plan desestabilizador" en el país. El Aissamo aseguró que había sido detenido "en flagrancia" porque en el coche en el que viajaba llevaba un "fusil automático liviano F.A.L. de calibre 7,62 con las inscripciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el serial devastado".

En el comunicado, difundido desde la Casa Blanca, Obama explica que además se han seguido recortando las libertades de prensa, utilizando la violencia y los abusos de derechos contra las protestas antigubernamentales y se han seguido llevando a cabo "detenciones arbitrarias" de manifestantes.

Asimismo, la corrupción entre miembros del Gobierno es otra de las razones por las que ha decidido prorrogar la vigencia de este decreto antes incluso de su vencimiento, el 8 de marzo de 2017.

El decreto presidencial de Obama se emitió en marzo de 2015 e imponía y ampliaba las sanciones a un grupo de funcionarios del gobierno venezolano.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado en múltiples ocasiones esta decisión de Estados Unidos, denunciando que se trata de una "injerencia en los asuntos internos" de Venezuela que incluso tendría como objetivo una intervención militar en el país caribeño.