La Defensora del Pueblo afea negociaciones "a puerta cerrada" en la UE y pide a los 28 mejorar acceso a documentos

"Esta cultura de a puerta cerrada corre el riesgo de alinear a los ciudadanos y alimentar sentimientos negativos", ha avisado la Defensora del Pueblo, que ha recordado que resulta "casi imposible" que los ciudadanos puedan seguir las discusiones de las propuestas normativas entre los Veintiocho, que "deben rendir cuentas" de su posición en las negociaciones de normas europeas.

La Defensora del Pueblo ha concluido tras una investigación que la práctica "generalizada" de restringir al público "la mayor parte de los documentos preparativos en el marco de procedimientos legislativos" constituye "una restricción desproporcionada al derecho de los ciudadanos de acceder a la mayor parte posible de los documentos legislativos" y por tanto constituye un caso de mala praxis administrativa, al igual que la práctica de no identificar la postura de los Estados miembro en las negociaciones.

Por ello, les recomienda que elaboren criterios "claros" para determinar el mantenimiento de los documentos clasificados como 'LIMITE', que en su opinión sólo deben restringirse "sobre la base de algunas de las excepciones" en la norma europea al acceso público a los documentos y que revisen "sistemáticamente" dicho estatus antes de la adopción final de una normativa, incluso antes de que comiencen las negociaciones informales entre los Gobiernos y la Eurocámara.

También recomienda que registren "sistemáticamente" las identidades de los Estados miembro que se posicionan o pronuncian en los órganos preparatorios y les ha pedido que le remitan una respuesta "detallada" a sus peticiones antes del 9 de mayo.

La Defensora del Pueblo europea ha defendido que "los ciudadanos de la UE tienen el derecho de participar en la elaboración de las leyes que les afectan, pero para ello necesitan más transparencia de sus Gobiernos en Bruselas", que "deben rendir cuentas" de su implicación en las negociaciones.

"Si los ciudadanos no conocen las decisiones que sus Gobiernos están tomando y han tomado para perfilar las leyes de la UE, el juego de 'culpar a Bruselas' continuará", ha alertado, subrayando la importancia de hacer "más transparente" al público el proceso legislativo en la UE de cara a las elecciones europeas en 2019.A medio plazo, la Defensora del Pueblo europea también plantea a los Veintiocho que revisen en el plazo de un año cómo cumplen su obligación legal de facilitar el acceso al público de los documentos legislativos y adopten nuevos sistemas para ello, para lo que les da otro año.

También les insta a mejorar el registro público de documentos para el público y su motor de búsqueda y que informen de todos los documentos en el mismo, con independencia de si son plenamente accesible, solo parcialmente o restringidos, así como la puesta en marcha de una web específica para detallar cada propuesta normativa.