El Congreso aprueba la justicia transicional ideada por el Gobierno y las FARC

El pleno del Senado ha aprobado el borrador de la JEP por 60 votos a favor y dos en contra, después de una ardua discusión, tanto en la cámara alta como entre los diputados, que se ha traducido en un total de 83 modificaciones al texto inicial.

"El Congreso de la República ha dado un gran paso para consolidar la paz y comenzar a sanar las heridas que nos dejaron 52 años de guerra", ha dicho el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en una declaración solemne desde la Casa de Nariño.

Santos ha explicado que, "con la aprobación del acto legislativo que establece el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se aprobó el eje fundamental del acuerdo", de modo que "el Congreso le cumplió a la paz".

La JEP, ha recordado el jefe de Estado, es "el sistema que permitirá aplicar la Justicia a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto armado y, al mismo tiempo, hacer la transición de la sociedad colombiana hacia la paz".

La justicia transicional se aplicará a todos los responsables de los crímenes cometidos con motivo de la guerra, tanto guerrilleros como agentes del Estado y terceros colaboradores, si bien a los dos primeros se les concederá un trato "diferenciado", aunque "equitativo", ha subrayado Santos.

Solo se implementará respecto a "los crímenes más graves", incluidos los internacionales --crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio--, que, conforme a las normas internacionales, no pueden ser amnistiados en ningún caso.

La JEP idea un sistema de sanciones que permitirá a los acusados obtener penas más ventajosas en función de la verdad que aporten y que van desde los entre cinco y ocho años de medidas restrictivas de la libertad hasta los 20 años de cárcel.

La naturaleza y duración de las sanciones ha llevado al sector crítico, abanderado por el ex presidente Álvaro Uribe, a denunciar "impunidad". Santos, se ha ocupado una vez más de desmentirlo. "Es una jurisdicción con sanciones efectivas, sin impunidad, repito, sin impunidad", ha recalcado.

Además, se ha encargado de enfatizar que "cumple con todos los estándares internacionales". De no ser así, abriría la puerta a una intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya Fiscalía ya estudia con atención el caso colombiano.