40 años de cárcel para un exjefe policial por la quema de la Embajada española

Según el fallo, García Arredondo no evitó que policías bajo su mando actuaran de manera violenta contra los ocupantes de la sede diplomática. De hecho, añade que un agente muy cercano al exjefe de la extinta Policía Nacional "llevaba un cilindro de gas propano que fue el detonante del incendio". Las víctimas murieron por quemaduras de cuarto grado y por inhalación de monóxido de carbono, según concluye el Tribunal.

En el edificio, además de los diplomáticos y trabajadores de la sede, se encontraba un grupo de campesinos del departamento de Quiché (en la zona noroccidental de Guatemala) y varios estudiantes universitarios, que manifestaban su rechazo a las acciones que el Ejército y la Policía cometían en aquella región, según informa el diario local 'Prensa Libre'.

Asimismo, el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo ha admitido como cierto que agentes del Comando Seis de la Policía Nacional, bajo la supervisión de García Arredondo, dispararon contra estudiantes que asistieron al funeral de las víctimas de la tragedia en la sede diplomática. En estos hechos fallecieron otras dos personas y se añade otra condena de 50 años contra el exjefe policial.

"Queda probado que los que entraron a la Embajada no eran violentos, eran campesinos, algunos sin zapatos", ha añadido la jueza Sara Yoc, designada por el tribunal para leer la sentencia. En la misma se aclara que cada una de las penas solo podrá cumplirse por un periodo de 30 años, ya que esa era la pena máxima establecida en 1980.

SEGUIMIENTO DEL JUICIO EN ESPAÑA

El pasado mes de octubre, el Gobierno español indicó que seguiría "con interés" el juicio que arrancaba en Guatemala por la quema de la Embajada de España en el país centroamericano y confiaba entonces en que sirva para aclarar lo sucedido.

"Aquellos lamentables y condenables hechos en los que fallecieron 37 personas, nacionales de ambos países, incluyendo siete funcionarios y empleados públicos de la propia Embajada, constituyeron una flagrante violación de la inmunidad diplomática de la representación española en Guatemala", recordó el Ejecutivo a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores.

El Gobierno se mostró confiado en que se pudiese esclarecer lo sucedido y condenar a los eventuales culpables, con el objetivo último de "dignificar la memoria de los fallecidos y reparar a las víctimas y a sus familiares".