La CIDH concede medidas cautelares a la fiscal general de Venezuela porque teme por su vida

Ortega Díaz se dirigió a la CIDH a finales de junio ante la escalada de acusaciones contra el Ministerio Público, un órgano crítico con Maduro y, en particular, con su deseo de instaurar una Asamblea Nacional Constituyente. La comisión, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha respondido afirmativamente.

"Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho de los solicitantes y del Estado venezolano, y considerando la tensión institucional y social generada en el marco de la alteración al orden constitucional y democrático en Venezuela, la Comisión concluyó que la señora Luisa Ortega Díaz y su núcleo familiar se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable", ha resuelto el organismo.

En este sentido, ha recordado las criticas de la fiscal general al Gobierno y las contrarréplicas de algunas de las principales autoridades chavistas, que han llegado a calificar de "traidora" a Ortega Díaz. Estos insultos, así como los llamamientos para reducir su poder, suponen en opinión de la CIDH "factores de riesgo" en un creciente "ambiente de hostilidad".

La CID ha emplazado a las autoridades venezolanas a adoptar las medidas necesarias para "garantizar la vida e integridad personal" de la fiscal general de su familia, así como para que pueda desarrollar su labor "sin ser objeto de amenazas, estigmatizaciones, hostigamientos o actos de violencia". Dichas medidas, ha añadido, deben ser concertadas con Ortega y explicadas ante la Comisión.

Ortega Díaz se había fiel al 'chavismo' hasta hace unos meses, cuando comenzaron las manifestaciones multitudinarias contra Maduro por la injerencia del Gobierno en los demás poderes del Estado y la crisis política y social desatada. La fiscal se ha convertido en una de las voces más destacadas contra la Asamblea Constituyente que ha sido constituida este viernes.