Bruselas propone reforzar control sobre precursores de explosivos caseros para atajar el terrorismo

Así, el Ejecutivo comunitario ha planteado en primer lugar prohibir otras dos sustancias químicas --el ácido sulfúrico, que es un ingrediente clave para producir el explosivo TATP, y el nitrato de amonio, un químico fertilizante--, que se añadirán a la lista de sustancias restringidas en Europa que no pueden comercializarse en establecimientos ni en Internet.

También ha propuesto eliminar el sistema de registro de compras de algunas sustancias prohibidas que existe en algunos Estados miembro porque considera que son "débiles" desde el punto de vista de la seguridad, e introducir un sistema de licencias para comprar una cantidad limitada de sustancias restringidas para un uso legítimo. Las nuevas normas también obligarán a las empresas a denunciar compras sospechosas a las autoridades en un plazo de 24 horas.

De la misma forma, Bruselas ha propuesto mejorar los controles que se realizan para permitir la exportación de armas de fuego. En concreto, los Estados miembro tendrán que hacer controles "sistemáticos" a todas aquellas personas que soliciten una autorización para exportar armas de fuego para verificar si tiene antecedentes penales y comprobar en el sistema de información para el control de de la exportación de armas convencionales (COARM) si existen denegaciones anteriores.

SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario ha planteado normas para mejorar la seguridad de los documentos de identidad de ciudadanos europeos y de los documentos de residencia de miembros de sus familias que sean extracomunitarios.

En particular, Bruselas aboga por establecer normas mínimas comunes de seguridad en toda la UE, hacer obligatoria la inclusión de datos biométricos como impresiones dactilares o imágenes faciales en estos documentos y establecer un calendario de sustitución "progresivo" de aquellos que no estén adaptados a las nuevas reglas.

En cualquier caso, la Comisión Europea ha subrayado que esta propuesta "no establece nuevos documentos de identidad obligatorios en toda la UE", sino que "refuerza las características de seguridad de los documentos existentes", a la vez que deja "libertad total" a los países para decidir sobre el diseño de los mismos.

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Por otro lado, Bruselas ha propuesta una nueva directiva con el objetivo de facilitar a las autoridades policiales un acceso oportuno a la información financiera necesaria para investigar delitos graves, incluida la información sobre cuentas bancarias y los análisis financieros.

Así, las normas permitirán que los organismos policiales y de recuperación de activos tengan acceso directo, caso por caso, a información sobre cuentas bancarias almacenada en registros nacionales centralizados.

No obstante, una cláusula de salvaguardia garantizará que los agentes podrán acceder a información limitada sobre la identidad del titular únicamente en casos de terrorismo o delitos graves. Otro de los objetivos de esta directiva es mejorar la cooperación entre cuerpos policiales nacionales y las unidades de información financiera (UIF), así como entre Estados miembro. En este contexto, los organismos policiales podrán solicitar análisis o información sobre operaciones financieras a las UIF.

ACCESO A PRUEBAS ELECTRÓNICAS

Por último, la Comisión Europea ha planteado un paquete de normas que tienen el objetivo de que las autoridades policiales y judiciales de los socios comunitarios puedan obtener "con mayor facilidad y rapidez" pruebas electrónicas - como correos o documentos guardados en la nube - necesarios para investigar, procesar y condenar a delincuentes y terroristas.

Bruselas considera que el procedimiento vigente es "demasiado lento y complicado", lo que provoca que "casi dos tercios de los delitos cuyas pruebas electrónicas se encuentran en otro país puedan ser debidamente investigados o enjuiciados".

Según Bruselas, las nuevas normas crearán una orden europea de entrega mediante la cual las autoridades judiciales podrán solicitar estas pruebas directamente al proveedor del servicio, que deberá responder en un plazo de diez días o incluso de seis horas en casos de urgencia.

Además, una orden europea de conservación permitirá a las autoridades judiciales de los Estados miembros obligar a los proveedores de servicios a conservar datos específicos que permitan a dicha autoridad solicitar esa información más adelante.