Birmania imputa a tres civiles por un delito de asociación ilícita junto a otros tres periodistas

Así lo ha confirmado la Policía de la localidad de Thibaw al diario 'The Myanmar Times'. El segundo teniente de la Policía, Kyaw Min, ha explicado que un capitán del Ejército presentó una denuncia contra los detenidos, en la que señalaba que tenían "vínculos con organizaciones que el Gobierno tiene declaradas como ilegales".

En la denuncia, el capitán instaba a la Policía a tomar medidas. "Basándonos en los hechos incluidos en la denuncia, hemos decidido imputar a los detenidos en virtud de la sección 17 de la Ley de Asociación Ilícita", ha señalado, en referencia a una norma de la época colonial. De ser condenados, podrían enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión.

Todos han sido trasladados a la prisión de Hsipaw, en el centro del país, donde estarán hasta la fecha del juicio, que tendrá lugar el próximo 11 de julio, tal y como confirmó Win al diario 'Irrawady'.

El Ejército detuvo a siete personas, entre ellos los tres periodistas, a los que se les acusa de estar vinculados al TNLA. Los tres periodistas habían viajado a la zona controlada por el grupo étnico para cubrir un acto sobre la erradicación de la droga celebrado en el Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito.

La Policía no ha querido identificar a los tres civiles detenidos, si bien sí ha señalado que sólo tienen bajo custodia a seis personas, por lo que todavía se desconoce la ubicación y estado de la séptima persona detenida.

El Parlamento del estado votó, el pasado mes de diciembre, a favor de incluir al TNLA en la lista de organizaciones terroristas, así como al Ejército por la Independencia Kachin, al Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Birmania y al Ejército de Arakan.

Más de un centenar de organizaciones civiles se opusieron a esta decisión, señalando que complicaría el proceso de reconciliación.

A pesar de la presión de los grupos de Derechos Humanos y de los países occidentales, el Gobierno de Aung San Suu Kyi ha conservado vagamente las leyes de seguridad de la época colonial, que finalizó en 1948, criticadas como una violación de la libertad de expresión.