Barrow reitera que Gambia no abandonará el TPI

Las palabras de Barrow han tenido lugar durante un encuentro con el comisario para Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea (UE), Neven Mimica, en la capital del país africano, Banjul.

"Barrow confirma que Gambia volverá a unirse al TPI. Excelente noticia y una señala muy buena de la vuelta a las relaciones con la comunidad internacional", ha valorado Mimica a través de su cuenta en la red social Twitter.

Gambia anunció en octubre de 2016 que abandonaría el TPI, convirtiéndose en el tercer país del continente en desvelar planes similares.

El entonces ministro de Información del país, Sheriff Bojang, hizo un juego de palabras con las siglas del TPI (ICC, en inglés), afirmando que "es en realidad un Tribunal Caucásico Internacional" (igualmente ICC, en inglés).

"Hay muchos países occidentales, al menos 30, que han cometido crímenes de guerra contra estados soberanos y sus ciudadanos desde la creación del TPI, sin que se haya imputado a un solo criminal de guerra europeo", criticó.

El ministro recordó que Gambia llevó a la UE ante el tribunal hace un año por la muerte de miles de africanos en las costas del continente, subrayando que "aún no ha habido respuesta del TPI".

El TPI está en la actualidad encabezado por Fatou Bensouda, de nacionalidad gambiana, quien accedió al cargo de fiscal jefe del organismo en junio de 2012, sustituyendo a Luis Moreno Ocampo.

La decisión de Gambia llegó apenas una semana después de que el Gobierno de Sudáfrica iniciara de forma oficial el proceso para abandonar el TPI, enviando una notificación de retirada del Estatuto de Roma a Naciones Unidas.

En la notificación, Sudáfrica criticó el "sesgo" del TPI contra los estados africanos, citando el incidente diplomático desatado el año pasado durante la visita al país del presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir.

El 11 de octubre, el Parlamento de Burundi votó a favor de abandonar el tribunal, meses después de que el TPI abriera una investigación preliminar centrada en los asesinatos, encarcelamientos, torturas, desapariciones forzadas, violaciones y otras formas de violencia sexual.

El organismo, creado para juzgar los crímenes más graves cuando los tribunales locales no lo logran, sólo ha imputado a ciudadanos africanos, lo que ha llevado a países del continente a criticar su imparcialidad.