Amnistía reclama que se suprima el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para las propuestas sobre DDHH

La organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) ha reclamado que las propuestas de resolución sobre genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad estén exentas del derecho de veto en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ha denunciado, durante la presentación de su Informe Anual 2012, que el máximo órgano de decisión de la ONU está "controlado por los principales exportadores de armas del mundo" y que, por esa razón, sus funciones como garante de "la paz y la seguridad están abocadas al fracaso".

A lo largo de 2011 se registraron importantes cambios en el mundo, en algunos casos "memorables", gracias a las movilizaciones populares en países como Egipto, Túnez o Libia, que han permitido "la caída de regímenes autocráticos que llevaban decenios gobernando con mano de hierro y que parecían invencibles", declaró el presidente de AI-España, Alfonso López Borgoñoz, durante la presentación del informe en la sede de la organización en Madrid.

No obstante, según la organización, el "valor mostrado por quienes han protestado en los últimos doce meses ha ido paralelo al fracaso del liderazgo del Consejo de Seguridad de la ONU, que parece cansado, desfasado y cada vez menos adecuado para su función".

Ejemplo de ello, explicó el director de la sección española de AI, Esteban Beltrán, son los sucesivos vetos de China y Rusia, dos miembros permanentes, a las resoluciones contra la represión del régimen sirio de Bashar al Assad, que se agravan con las actitudes de potencias emergentes como Brasil, India y Sudáfrica, que "han utilizado su influencia" para bloquear resoluciones sobre Derechos Humanos y "han mirado para otro lado o han sido cómplices" en temas como la represión en Siria.

"En Libia hubo la respuesta adecuada", pero ha faltado "la respuesta en otros casos", como el de Sri Lanka, donde no ha intervenido, o Sudán del Sur, prosiguió el director de AI-España. En el trasfondo, denunció, se encuentran los intereses económicos de los miembros permanentes, como ocurrió en el caso de Siria, "uno de los mayores compradores de armas a Rusia".

"El mayor liderazgo internacional ha fracasado", lamentó Beltrán. "Las estructuras del Consejo de Seguridad responden a la Segunda Guerra Mundial y tienen que cambiar fundamentalmente", prosiguió. En este sentido, el director de Amnistía advirtió de que "los miembros permanentes deberían dar explicaciones cada vez que usan el veto ante propuestas sobre genocidio, crímenes contra la Humanidad, crímenes de guerra y violaciones del Derecho Internacional".

"Cualquier miembro del Consejo de Seguridad puede votar 'no' si quiere, pero no puede vetar cuando se trata de delitos de genocidio, crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra", aseveró. En ese sentido, explicó, Amnistía se ha adherido a la propuesta hecha por algunos miembros "pequeños" del organismo para que se suprima el derecho de veto cuando se voten resoluciones relacionadas con graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Tratado de armas

Con estos mismos objetivos, tanto Beltrán como López Borgoñoz destacaron la importancia de la conferencia que celebrará la ONU el próximo mes de julio para acordar un Tratado de Comercio de Armas, un evento que, a juicio de AI, será una prueba de fuego para ver si los políticos son capaces de poner los Derechos Humanos por encima de los propios intereses y beneficios".

Si no se alcanza un tratado sólido, advirtió Beltrán, "la función del Consejo de Seguridad de la ONU como guardián de la paz y la seguridad mundiales parece abocada al fracaso, con sus miembros permanentes ejerciendo un veto absoluto sobre cualquier resolución a pesar de ser los mayores proveedores de armas del mundo".

Según el informe anual, medio millón de personas mueren cada año en el mundo a causa de la violencia armada, aparte de millones de personas que resultan heridas, sufren represión y se ven obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos armados y violaciones de Derechos Humanos "perpetradas con armas convencionales".

Al menos el 60 por ciento de las violaciones de Derechos Humanos documentadas por AI han sido cometidas con armas ligeras, lo cual se complementa con el dato de que "solo 35 países publican informes anuales sobre transferencia de armas convencionales". Aparte, al menos 55 grupos armados y fuerzas gubernamentales utilizan a niños y niñas como soldados o como tropas auxiliares, según datos de la ONU recogidos en el informe.

Respecto a Naciones Unidas, Beltrán también ha llamado la atención sobre la necesidad de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) "haga los esfuerzos para que sus intervenciones no sean solo en países africanos" y empiece a actuar en países como Sri Lanka, Siria y Colombia, y para que "la justicia deje de ser algo excepcional" en el mundo.

La situación general

El documento señala también el incremento, a lo largo de 2011, de la represión en países como China, cuyas autoridades "han revelado su temor a levantamientos" como los de la 'Primavera Árabe' y "se han adelantado a las protestas aumentando la represión", según declaró López Borgoñoz.

En estos meses, indica el informe, ha aumentado y se ha mantenido el mismo nivel de represión en países como Corea del Norte, Angola, Senegal, Uganda, Turkmenistán, Uzbekistán, Azerbaiyán ("donde se puede cantar en Eurovisión pero los manifestantes no pueden cantar en la calle", explicó Esteban Beltrán), Arabia Saudí o Irán, en buena parte en previsión de movimientos antigubernamentales similares a los registrados en otras partes del mundo.

En el continente americano, el informe destaca la persecución de activistas de Derechos Humanos, "en algunos casos con la pérdida de la vida", en países como Brasil, Colombia, México, Cuba o Venezuela, así como la represión que sufren las comunidades indígenas.

En cuanto a la Unión Europea, el informe destaca la represión de manifestantes pacíficos en España y Grecia y el endurecimiento del discurso xenófobo de algunos políticos europeos a causa de los "vínculos infundados entre inmigración y delincuencia", explicó Beltrán. En este contexto, advirtió, alrededor de "1.500 inmigrantes, incluyendo mujeres y niños, murieron ahogados al intentar entrar en Europa".

El informe anual destaca también casos concretos de restricción de la libertad de expresión en al menos 91 países, así como casos de torturas y malos tratos en al menos 101, "en muchos casos por participar en manifestaciones", explicó López Borgoñoz.

El documento recuerda también que, desde que AI inició su campaña contra la pena de muerte, en 1977, el número de países abolicionistas, en la ley o en la práctica, ha pasado de 16 a 141 y precisa que solo 21 países, de los 198 que hay en el mundo, llevaron a cabo ejecuciones en 2011, "lo que supuso una reducción en más de un tercio en un decenio".

En todo caso, el año pasado las autoridades chinas ejecutaron a "miles de ciudadanos", sin hacer pública la cifra oficial, y se llevaron a cabo ejecuciones públicas en Arabia Saudí, Corea del Norte, Irán y Somalia. Al concluir 2011 había al menos 18.750 personas en el mundo condenadas a muerte.